martes, 25 de julio de 2017

Javier Duarte y su responsabilidad por las desapariciones forzadas en Veracruz.

En medio de la simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte, acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones (Colectivo Solecito de Veracruz  y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal vez sea la única manera de que se haga justicia.

La farsa justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a la oposición encabezada por MORENA. 

No se puede negar que el saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población, organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y nacionales. 

Es evidente que el gobierno federal ignorará los delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al respecto, prefirió mirara hacia otro lado  Los delitos de lesa humanidad se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso amenazando a los familiares de las víctimas  para inhibir sus denuncias. 

Según cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para encontrar a las víctimas-  con el argumento de la falta de recursos y la indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y con la bota militar como fiel de la balanza.

Lo anterior se confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada con el argumento tan trillado de la falta de recursos. 

En 2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”

Ese momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención del problema. La  eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.

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