El ciclo de reformas neoliberales que estamos viviendo las y los habitantes de México ha sido caracterizado como la segunda parte del proceso iniciado en 1982, tiene el propósito de desmantelar el estado de bienestar y, al mismo tiempo mantener el control por parte de las instituciones liberales. Impulsado por la idea de quitarle poder al estado y al presidente para dárselo a la sociedad, muchos creyeron que cuando se hablaba de sociedad se pensaba en toda la sociedad. Poco les duró el gusto cuando se dieron cuenta de que en realidad se pensaba en las grandes corporaciones internacionales y en sus gerentes locales.
La reforma laboral que impulsó Calderón con el apoyo de los partidos se basa en la peregrina idea, pero muy redituable en términos financieros, de que una disminución de la regulación entre capital y trabajo generará mayor inversión y por ende mayor empleo. La reforma educativa parte de otro sofisma barato que insiste en que la precarización laboral impulsará la calidad de la educación. A su vez, la reforma energética creará empleos en el sector y de manera inexplicable mejorará las finanzas del estado. De la financiera se podría decir que, mas allá de los detalles que sin duda afectarán a los que menos tienen, provocó las protestas de todos aquéllos que ahora se muestran indignados por la tibieza del gobierno para contener al movimiento magisterial: empresarios nacionales, pequeños y grandes, además de las corporaciones internacionales, como las refresqueras, y a miembros de las clases medias que pagan colegiaturas o que no tiene con qué pagar sus deudas.
Pero parece ser que la reforma político-electoral, que se cocina a fuego lento en el congreso federal, parece resumir el espíritu del ciclo en su conjunto. Y es que al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de ampliar los niveles de participación de la ciudadanía (se pretende legalizar en el ámbito federal el plebiscito, el referéndum y la desaparición de la figura del fuero a los servidores públicos incluyendo al presidente, entre otros buenos deseos) no tiene empacho en incluir la reelección de legisladores y ediles.
En momentos en que la representación política sufre el mayor de los desprestigios posibles se pretende eternizar a un grupo de políticos que hoy imponen a rajatabla reformas que favorecen a todos menos a las mayorías que supuestamente representan. Imagine usted a Don Beltrone de diputado o senador vitalicio. O que le parecería que Elizabeth Morales se instalara donde está por diez años más.
Lo que parece estar detrás del proyecto de reforma político-electoral no es más que la necesidad del capital internacional para extender el periodo de reformas neoliberales hasta cuando sea necesario. Y qué mejor garantía para satisfacer esa necesidad que la reelección de esos que han demostrado su servilismo contra viento y marea. Lo peor o lo mejor de la reforma, según de donde se vea, es que la promueve la izquierda partidista, o al menos eso es lo que dicen sus dirigentes. Se apresuran a justificar su apoyo a las otras reformas para poder sacar adelante la suya, o sea, la política-electoral.
Cerrar el acceso al sistema político -más de lo que ya está- a pesar de plebiscitos, anulación de elección por rebase de topes de campaña, candidaturas independientes y demás placebos, no es más que una muestra evidente de que el consejo de administración de México, S.A. pretende mantenerse en el poder y mantener el modelito económico lo que queda del siglo. Como argumento a favor de la reelección, distinguidos servidores del poder, con etiqueta de intelectuales, como José Antonio Caballero, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la actual consejera electoral del IFE, María Marván Laborde, han manifestado públicamente su apoyo a la reelección esgrimiendo el argumento de que no hay continuidad en el trabajo legislativo -según ellos tres años resultan a todas luces insuficientes para obtener resultados- lo que, es de suponerse, ha obstaculizado la imposición de las reformas neoliberales.
Legalizar la reelección –de jure porque de facto opera plenamente- resulta, como se mencionaba arriba, la cereza en el pastel de un proyecto largamente acariciado por los poderosos y sus empleados: acelerar la desposesión de los recursos nacionales e individuales para sacar al buey de la barranca, o sea para superar la crisis mundial que vivimos. Y para ello es necesario ‘profesionalizar’ a los diputados y ediles para que el saqueo tenga orden y calidad. Convertir a los políticos de hoy en un cártel de expertos saqueadores y simuladores en lugar de vulgares ladrones y criminales resume claramente el espíritu del actual ciclo de reformas. Y todo para hacer de México un país más justo y democrático, faltaba más.
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