Como una nube tenebrosa cada vez más densa, o como diría Rafa de la Garza, como el aliento de la bestia que se siente humedeciendo el cuello de la camisa, la negligencia y el abuso de poder se hace cada vez más evidente y más áspero, además, se va legalizando lentamente.
Nuestro presidente es el que dirije la bestia... si no se cuida seguro que se le rompe el bosal. Claro que al estar montado sobre la bestia militar, las primeras víctimas seremos nosotros los civiles y no él. Iniciativas como el aumento de facultades al procurador general de Justicia Militar, o desbarajustes como la facultad que se acaba de otorgar a los policías para actuar como peritos, hacen que me den escalofríos; y no porque tenga algo que temer, sino por la sola idea del increíble poder que un montón de ignorantes uniformados pueden ejercer sobre mi con todo el peso de la ley y la violencia.
Desde el siglo XVIII (un siglo que en México se vivió de manera similar a la que nosotros vivimos el nuestro, sin transparencia, ingenuamente democrático, plagado de violencia) Malatesta nos advertía que el poder Ejecutivo sirve únicamente para defender los intereses del Estado y sus apoderados. Miguel Alcántara, subprocurador general de la república, sostiene que este tipo de medidas fortalecerá el marco normativo que rige la acción militar, y que se superará el “espacio de opacidad” que se tiene.
Reflexionemos un poco: el número de denuncias referentes a los abusos de poder de las autoridades estatales y federales aumenta; se publican en los medios cifras espectaculares sobre el arresto de delincuentes menores y la supuesta captura de grupos de crímen organizado que pasan droga en el estómago de tiburones; mientras como de costumbre, los medios nos idiotizan con noticias de caracter holliwoodense, las preventivas y cárceles menores se llenan con gente inocente que pasa a ser un número más en la cuenta para las siguientes estadísticas que serán anunciadas en algun spot de la secretría general de justicia, como otro intento por convencernos del buen proceder de nuestras autoridades.
Me pregunto entonces: ¿Se evitará la negligencia y el abuso de poder, sólo con impedir que los delitos que las autoridades cometen en contra de los civiles, no puedan ser juzgados dentro de un marco regular? ¿Es acaso porque casi ninguna denuncia en contra de este tipo de actitudes es realmente seguida y satisfecha por las autoridades? ¿Por qué, si el nivel de confianza que tienen los civiles hacia los policías y militares es poco, se ha tomado “democráticamente” la decisión de insertar poco a poco el ejército entre los civíles?
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