viernes, 19 de mayo de 2017

¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

Lo primero que urge entender es que México tiene una larga historia de violencia de Estado en la construcción de la libertad de expresión. A diferencia de algunas metrópolis occidentales, el ejercicio de los derechos básicos en esta región del mundo es una lucha que sigue involucrando altos contenidos de represión y sangre. La libertad de prensa/expresión es una conquista social que el Estado no reconoce ni protege. El periodismo independiente –que es el único periodismo auténtico– está en la orfandad institucional e intensamente asediado por el binomio narcotráfico-Estado. (A modo de paréntesis, cabe señalar que el concepto liberal de “libertad de expresión” es insuficiente en nuestra época. Es urgente resignificar esa “libertad”, porque en la era que corre, el principal “enemigo” de ese derecho no es el Estado, sino los conglomerados privados que monopolizan la producción-selección-circulación de información. Sin duda que el Estado es un centro de autoridad que coarta esa libertad, pero no sin la acción acaparadora de los actores particulares, cuyos dueños definen los contenidos de la prensa con absoluta opacidad e impunidad. Por cierto que en materia de acaparamiento mediático, México es primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial). 

Cabe recordar que en 2016 se cumplieron 40 años del golpe a Excélsior, orquestado por el expresidente priísta Luis Echeverría Álvarez, y que se tradujo en la reducción a añicos del que hasta entonces era el periódico más importante de América Latina (bajo la dirección de Julio Scherer García). La persecución persistió, y en 1982, el sucesor presidencial de Echeverría, José López Portillo, atacó financieramente a la revista Proceso (también dirigida por Julio Scherer), y justificó el golpe con la tristemente célebre frase “no pago para que me peguen”. En 1984, tan sólo dos años después de ese ultimátum, Manuel Buendía, el otrora periodista con más presencia en la prensa escrita, fue asesinado con cinco disparos en la espalda. Antes del homicidio, Buendía conducía una investigación que hurgaba en las conexiones del narcotráfico con políticos de México y Estados Unidos. (Más tarde se descubrió que el conductor de la motocicleta en la que escapó el asesino material, era Juan Rafael Moro Ávila, sobrino de otro expresidente, Manuel Ávila Camacho). De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), de 1983 a la fecha han sido asesinados 231 periodistas (La Jornada 16-V-2017). 

Que México se convirtiera en un cementerio de periodistas responde a un continuum histórico, y a la relación del poder con la prensa. En contenido, esa relación no cambió sustantivamente. Persiste hasta nuestros días, pero con un agravante en la ecuación: el “narcotráfico gobernante”. El periodismo en México transitó de una relación patológica gobierno-prensa a una relación gobierno-narcotráfico-prensa, infinitamente más tóxica y letal. 

La evidencia sugiere que la mayoría de los informadores ejecutados no forman parte del jet set periodístico en México. Los “notables” del periodismo nacional están protegidos por el gobierno y el narcotráfico. Trabajan para esos dos actores. El resto, los que practican el periodismo auténtico (independiente), están a merced de los caprichos del maridaje narcotráfico-Estado. Documentar el infierno en México involucra necesariamente pisar los talones de ese binomio. En este país bañado en sangre, la delincuencia organizada de Estado –señaladamente el narcotráfico– es la institución dominante. 

Narcoperiodismo 

Javier Valdez Cárdenas (que en paz descanse), extraordinario periodista y excorresponsal de La Jornada, advirtió sobre la insospechada proliferación del narcoperiodismo. 

Por definición –decía Valdez–, el narcoperiodismo consiste en redacciones infiltradas por el narcotráfico bajo dos modalidades: sin paga y a sueldo. Los primeros, no remunerados, ejercen la profesión bajo amenaza de muerte y sin ninguna libertad editorial (el sueño húmedo de los priístas). Los segundos, esos que figuran en la nómina de algún cártel, responden a los mandatos de los narcos, y definen los contenidos de la línea editorial en función de las agendas criminales, aunque no pocas veces bajo coerción e intimidación. En este entorno criminoso, el periodista tiene básicamente cuatro posibles escenarios: el alineamiento con el editorial narco, el abandono de la profesión, el exilio o la muerte. 

En 2015, Javier Duarte de Ochoa, otro “distinguido” soldado del PRI, y exgobernador del estado de Veracruz, advirtió a los reporteros de la entidad: “Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Noé Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015). 

El narcoperiodismo es la evolución natural de la relación histórica PRI-periodismo: del “no pago para que me peguen” al “pórtense bien” (que, en la entidad más peligrosa de América Latina para el ejercicio periodístico, significa “plata o plomo”). 

Narcoguerra 

La agresión a los comunicadores no es un daño colateral de la guerra. La recapitulación de la historia nacional permite identificar que se trata de un modus operandi naturalizado, consustancial al PRI-Estado. Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico multiplicó las agresiones contra el periodismo. Los asesinatos de informadores en México se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con el inicio de la guerra. Las cifras advierten que los periodistas críticos e independientes constituyen un objetivo no declarado de la guerra. El homicidio es un recurso rutinario para neutralizar por la eliminación física y el terror al periodismo independiente. 

“En los 20 años que duró la guerra de Vietnam (1955-1975) fueron muertos 79 periodistas, habiendo sido el conflicto armado con mayor cobertura de prensa en la historia y uno de los más letales, con una cifra de muertos que, según las fuentes, superó los 4 millones. La cifra contrasta vivamente con los más de 120 periodistas asesinados en México desde 2000, en una situación completamente diferente a la del sudeste asiático” (Raúl Zibechi en Resumen Latinoamericano 31-III-2017). 

La guerra habilitó la excepcionalidad que requerían las élites gobernantes para aplastar por la fuerza el derecho a la información y la libertad de expresión, y sin costos políticos. “Fue el narco”, excusan sistemáticamente los políticos cuando matan a otro periodista. La guerra amplió el horizonte de la corrupción e impunidad a niveles insoportables. 

Narcoestado 

El narcoestado tiene básicamente cuatro características definitorias: 

1. La institución dominante es la empresa criminal (sobreempoderamiento del narcotráfico) 

2. La estatalidad se afirma esencialmente en términos militares (militarización) 

3. El gobierno acude al terror para dirimir el conflicto social sin agotar instancias institucionales (terrorismo de Estado)

4. La política y la economía se organizan delincuencialmente (narcopolítica-narcoeconomía) 

La primera víctima de este orden omnicriminal es la transparencia e información. Los negocios que concurren fuera de la legalidad por regla requieren altas cuotas de discrecionalidad. En México la gobernabilidad esta fuera de la legalidad. Y esa circunstancia o condición encierra una verdad políticamente inconfesable: que el Estado es el artífice material e intelectual de la crisis humanitaria en México. 

Por eso los asesinatos de periodistas permanecen envueltos en un manto de opacidad e impunidad. Porque no hay Estado que soporte la verdad que ellos conocen.

martes, 16 de mayo de 2017

¿Quien mató a Javier Valdez?


El reciente asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez confirma, una vez más, que las agresiones a la libertad de expresión en México no son un daño colateral producto de la violencia social que nos ahoga. No, por el contrario, son parte esencial de la dinámica represiva del narcoestado mexicano, el cual se caracteriza por la alianza estratégica entre los gobernantes y los cárteles del narcotráfico para mantener en funcionamiento la dinámica de acumulación por desposesión.

Para nadie es un secreto la profunda relación que existe entre los políticos y los narcotraficantes en todos los niveles de gobierno; tanto en el municipio, donde es más visible, como en el nivel estatal y nacional. El caso Ayotzinapa demostró que la relación perversa entre política y narcotráfico recorre a todas las instituciones del estado y en lugar de debilitarse se fortalece. Ganar elecciones exige mucho dinero, y si viene del narcotráfico para evitar su detección, mejor. Es así como se establece el carácter del estado, pues a cambio del apoyo económico los políticos están en la mejor disposición de extender una patente de corso para los cárteles. 
 
En este sentido no estamos frente a un falla del estado, consecuencia de malos políticos que son rebasados por el narco, sino ante la manera en que el estado liberal en decadencia ha procurado imponer el modelo de acumulación. Si se asume que el estado liberal existe para garantizar las condiciones de reproducción del sistema económico, habrá que aceptar que dicho estado es capaz de cualquier cosa para cumplir su misión: guerras, terrorismo, espionaje, asesinatos, alianzas con quien sea, golpes de estado, campos de concentración y matanzas de niños mujeres y ancianos.

El asesinato de periodistas en México tiene una doble finalidad: silenciar a un sector estratégico de la sociedad a punta de balas y sobre todo, seguir manipulando la libertad de expresión para favorecer a los poderosos. Porque todos sabemos a quienes favorecen semejantes acciones: si, a los políticos y sus patrones, quienes serían los principales afectados ante un contexto en donde la libertad de expresión cumpliera con uno de sus roles más importantes, a saber, desnudar la ilegalidad e impunidad de políticos y empresarios indispensable para hacer efectivos los grandes negocios.

Que el trabajo sucio lo hagan los cárteles es fundamental en la dinámica en cuestión ya que resulta una excelente cortina de humo para evitar que pueda verse lo que hay detrás de ellos. Y es que, si bien el narcotráfico es un típico ejemplo de acumulación por desposesión -ya que no sólo se alimenta del despojo de tierras para la siembra de drogas sino de la extorsión, el secuestro, el robo, es decir en riqueza producida por otros- no por ello se puede perder de vista los beneficios que proporcionan a la economía ‘legal’ los ríos de dinero que manejan los cárteles.

Pero además de los ‘beneficios’ económicos están los obtenidos gracias al ambiente de terror que mantienen los cárteles para someter a la población, que son tanto o mas apreciados por los dueños del dinero y sus marionetas de colores pues allanan el camino para la impunidad y el robo legal, esencia del desarrollo del capital Es en ese sentido que el asesinato recurrente de periodistas en particular, y de miles y miles de personas en general, cumple con el objetivo de negar la libertad de expresión y de mantener el clima de terror indispensable para mantener el despojo sistemático ajeno a resistencias y críticas por parte de la población.

Con lo anterior no se pretende negar la responsabilidad de los capos del narcotráfico en la guerra civil que agobia al país, ni tampoco negar su relativa autonomía del estado y sus dirigentes. Pero si alguien se ha beneficiado con la guerra son los dueños del dinero y lo políticos que les sirven. Son ellos quienes han abierto la puerta para que los asesinatos de periodistas y miles de personas queden impunes y así, poder gozar de los privilegios que dan el poder y el dinero. Por eso y aunque a muchos no les guste, ante la pregunta del título no queda mas que responder: ¡Fue el NarcoEstado!

domingo, 14 de mayo de 2017

El holocausto nacional: acerca de por qué México es el segundo país más violento del mundo

En un pronunciamiento reciente, Luis Videgaray Caso, el novicio canciller de México (aquel que concertó –a espaldas del público– la “visita de Estado” de Donald Trump a México en la víspera de la elección en Estados Unidos, y que catapultó al ahora presidente anti-mexicano en las preferencias electorales), dijo sobre Venezuela que “[a los gobernantes mexicanos] nos interesa que se reestablezca, de una manera clara, con un calendario, la plenitud de las instituciones de la democracia”. Aproximadamente 15 días después de ese obtuso anuncio diplomático, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres, presentó un informe anual que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria. Y exactamente al día siguiente de ese informe, la prensa nacional filtró un video que capta el momento en que un elemento militar ejecuta a un civil (rendido en el piso e inerme) con el tiro de gracia. Este “incidente” ocurrió en el municipio de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, en el marco de un “presunto” operativo militar cuyo “presunto” objetivo era desmantelar una “presunta” banda de ladrones de combustible. La acción no es tan diferente de otra de reciente factura en la comunidad de Arantepacua, en el estado de Michoacán, donde policías estatales ejecutaron a cuatro personas, después de que el grupo de efectivos policiales acudieron a retirar un “presunto” bloqueo carretero y rescatar unas “presuntas” unidades vehiculares que gente de la comunidad “presuntamente” había retenido. En México la presunción de los hechos es la sombra obscena que escolta el único hecho fehaciente en el país: que México es un holocausto en cámara lenta. Pero para Luis Videgaray eso no tiene ninguna relación con esa infrecuente urgencia por “restablecer” eso que él llama “la plenitud de las instituciones de la democracia”. 

Estos dos casos de ejecución sumaria extrajudicial antes referidos, abonan al ya de por sí largo inventario de atrocidades impronunciables cometidas por personal de la fuerza pública. México registra centenares de masacres. Y de esas masacres es posible identificar algunas que involucran manifiestamente al Estado. Trátase de ejecuciones sumarias extrajudiciales cuya sistematicidad pone al descubierto un modus operandi conscientemente concertado. Por un ejercicio de memoria, cabe recordar algunos casos no tan apartados temporalmente: Villa Purificación, Jalisco (104 muertos); Tlatlaya, Estado de México (22 muertos); Tanhuato, Michoacán (43 muertos); Apatzingán, Michoacán (16 muertos); Iguala, Guerrero (6 muertos y 43 desparecidos). Con el estribillo gubernamental de una supuesta “cacería” de delincuentes, el Estado habilita el holocausto nacional. 

A propósito de holocaustos, el 14 de marzo de este año, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, anunció el hallazgo de lo que podría tratarse de “la fosa clandestina más grande del mundo”. Hasta ahora han sido exhumados 250 cráneos. El exgobernador de ese estado y exprófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, continúa detenido en Guatemala, a la espera de una extradición que el gobierno de México “sigue sin solicitar formalmente” (¡sic!). En las imágenes difundidas por la prensa guatemalteca, el exgobernador, acusado de delincuencia organizada y desfalco mayúsculo del erario público, figura campechanamente sonriente: es la confianza que concede la filiación al Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que lo subió al poder, y acaso el único partido en México (aunque con ramificaciones blanquiazules, amarillas, verdes etc.), que, cabe subrayar, tiene casi un siglo ininterrumpido de monopolio en la escena política nacional. Por cierto que en esa misma entidad, el pasado 5 de enero (y tan sólo un mes después de estrenar mandatario estatal), dos turistas originarios de Oaxaca fueron ejecutados a quemarropa y otros tres desaparecidos por personal de las fuerzas armadas. El peritaje del ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos oficiales que constatan la culpabilidad de elementos de la Marina. 

Pero no sólo los militares lo pasan cancheramente bien en este México ensangrentado. También los delincuentes. El año pasado (2016), la “justicia” nacional concedió el beneficio de “cárcel domiciliaria” a Ernesto Carrillo Fonseca, Don Neto, y en 2013 a Rafael Caro Quintero, criminales de alta ralea, y antiguos líderes del cártel de Guadalajara. Algún tribunal colegiado “maiceado” decretó falta de pruebas e irregularidades en el proceso de enjuiciamiento, ¡casi 30 años después! Pero en México, la impunidad es un deporte gubernamental que no sólo involucra a las altas esferas de la delincuencia organizada: reiteradamente, la CIDH ha denunciado que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria. 

En ese mismo año de 2016, centenares de maestros fueron arrestados por oponerse a la contrarreforma educativa. Algunos fueron liberados. Pero otros –no pocos– fueron confinados en cárceles de máxima seguridad. También dirigentes estudiantiles denunciaron que en 2016 el gobierno fabricó numerosos delitos en su contra que no tenían ningún asidero probatorio. Mientras el holocausto nacional discurre en un silencio ensordecedor (cortesía de la negligencia de los actores de la arena internacional y los medios de comunicación), el gobierno de México atiende eso que entiende por interés nacional: exonerar delincuentes de alto perfil, y recluir y fabricar delitos a maestros y estudiantes. 

“En México, el crimen organizado es un conjunto de actos que la ley considera delictivos, pero que son cometidos por funcionarios del Estado en la persecución de sus objetivos como representantes del Estado”. Esto sostenía el profesor español Carlos Resa Nestares, en su libro “Sistema político y delincuencia organizada en México”. La característica fundamental del crimen organizado en México es que se origina, alimenta y sostiene desde las estructuras del Estado. Y aunque eso lo saben o intuyen todos, en 2006, el presidente espurio, Felipe Calderón Hinojosa, decidió declarar la guerra contra el narcotráfico. Y, para ello, dispuso el despliegue de 45 mil militares en las calles del país. Pero dejo intocada la estatalidad; esa que coincidentemente aloja a los actores del narcotráfico. Si lo imaginamos en formato de dibujo animado, la imagen es la de un perro persiguiendo en círculos su propia cola. Con el agravante de que las fuerzas de seguridad nacionales ya estaban habilitadas para matar con licencia de impunidad. Porque en eso consiste una guerra interior. Y, en efecto, la guerra catalizó la muerte a gran escala. 

La guerra nunca fue contra el narcotráfico, sino por el control del narcotráfico, con la población civil inerme en medio del fuego cruzado. La guerra respondió a la urgencia de romper las añejas alianzas del PRI con los cárteles de menor envergadura, diseminados en la geografía nacional (Juárez, Golfo, Zetas, Familia Michoacana etc.), con el propósito de recentralizar el narcotráfico bajo la égida de la confederación de Sinaloa. Por eso en la administración de Vicente Fox (correligionario de Calderón), “El Chapo” “escapó” de la cárcel. Y por eso el priísmo de Peña Nieto reaprehendió al connotado capo di tutti capi, acaso para seguir con el designio de la recentralización, pero ahora bajo la tutela del Cártel de Jalisco Nueva Generación (que, según la DEA, actualmente es el cártel con más presencia en el país). La guerra contra el narcotráfico es una utilización específica de la fuerza pública que una cierta nomenclatura de Estado instrumenta para perseguir una agenda políticamente inconfesable. La guerra habilitó el escenario bélico que requerían las elites dominantes en México: a saber, la destrucción de la dimensión social del Estado (derechos laborales, derecho al usufructo del territorio, derecho a la seguridad, sindicalización etc.), y el enseñoramiento de la dimensión militar-criminal que permite la continuidad del bandidaje de Estado. 

México está dirigido por un puñado de castas beligerantes (en disputa intermitente) que cogobiernan con el narcotráfico, y que compran la impunidad en Estados Unidos a un altísimo costo político: i.e. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Plan Mérida, la guerra contra el narcotráfico etc. 

Y acaso por eso México es un holocausto en cámara lenta, y el segundo país más violento del mundo.

miércoles, 26 de abril de 2017

Migración y terrorismo de estado en la era Trump

Entre las metas que se propuso Trump antes de ocupar la presidencia de los EE. UU., probablemente la que ha tenido un mayor impacto es la relativa a su política migratoria. La amenaza naranja presume en sus primeros cien días de la disminución significativa del tránsito ilegal de personas en su frontera sur. Pero además ha emprendido una serie de acciones dirigidas a la deportación masiva, ampliando el rango de posibilidades para que una persona sea deportada y, al mismo tiempo, reduciendo las posibilidades de defensa de los derechos de los migrantes. En todo caso el eje central de su política migratoria radica en generar terror entre la población migrante para inhibir su crecimiento. 

La amenaza de Trump en su campaña electoral de deportar a 11 de millones de inmigrantes ilegales, junto con la intención de construir un muro a lo largo de la frontera con México fueron sin duda los pilares de su propuesta. Lo que no dijo es que sólo alrededor de la mitad de las personas que residen ilegalmente en los Estado Unidos son de origen mexicano. 

Tampoco parece asumir que el problema migratorio tiene un carácter estructural, provocado por el debilitamiento y subordinación de la economía mexicana y la necesidad de mano de obra barata que subsidie a la economía estadounidense. Este hecho no puede pasarse por alto al enfrentar el tema migratorio, por lo que queda claro que sus amenazas son simple propaganda para mejorar su imagen pública como salvador de la esencia de la nación pero, al mismo tiempo, generar terror entre la población inmigrante para obligarlos a dejar el país (lo cual parece poco probable porque el terror en los países de origen es mucho mayor) o inhibir que más gente intente ingresar ilegalmente. 

De otro modo no se pueden entender las redadas realizadas en febrero en los estados de Carolina Norte y Sur, Georgia, California, Nueva York, Washington e Illinios. A lo largo de cuatro días fueron detenidas más de 600 personas entre ellas un dreamer, Daniel Ramírez Heredia, quien fue detenido en su casa por agente del ICE (Inmigration and Customs Enforcement) quienes buscaban a su padre previamente deportado y que se presumía había regresado. Al no encontrarlo detuvieron a Daniel con el argumento de que había reconocido ser miembro de una pandilla. 

El caso demuestra claramente que no es necesario haber cometido un crimen grave para ser deportado. El rango de criminal se ha ampliado a delitos menores; a migrantes con orden de deportación que la han eludido o que incluso no saben que han sido deportados; a migrantes que se encuentran en juicio, los cuales pueden ser deportados sin esperar el resultado del juicio; a migrantes acusados de actos imputables, así como fraude o declaraciones falsas o por abusar de los beneficios en un programa de ayuda pública; y por último la posibilidad de que un oficial de inmigración crea que la persona representa un peligro para la seguridad púbica o nacional. Es decir, prácticamente todos los inmigrantes con o sin papeles pueden ser deportados. 

A lo anterior habrá que sumar la expulsión inmediata, es decir sin la necesidad de un juicio, que en el gobierno de Obama se aplicaba a inmigrantes detenidos a menos de cien millas de la frontera y que no fuesen capaces de demostrar que llevan más de 14 días en el país. Ahora la expulsión inmediata aplica en todo el territorio nacional y para todas las personas que hayan estado en el país por menos de dos años o que no puedan demostrarlo. 

Para llevar a cabo semejante política migratoria, el gobierno de Trump ha restaurado el programa 221(g) -que habilita a sheriffs locales y oficiales de policía local y estatal a cumplir con tareas migratoria. Pero además pretende la contratación de 10 mil oficiales de patrullas fronterizas sí como la ampliación de instalaciones para la detención de migrantes. Como se ve, la promesa de Trump de deportar a tres millones de inmigrantes indocumentados con record delictivo, incorpora una ampliación arbitraria de lo que se considera un delito, generando incertidumbre y temor. Nadie está seguro y esto con la intención es que sean los propios inmigrantes quienes transmitan ese temor a los amigos y familiares de sus lugares de origen que estén considerando la posibilidad de vivir ilegalmente en los EE. UU. 

De lo anterior se desprende la certeza de que la política migratoria de Trump -frente a la imposibilidad de evacuar a todos los inmigrantes ilegales, tanto por cuestiones de logística y capacidad real del sistema como por la necesidad de mano de obra barata- se funda en el racismo y la discriminación, en la creación de un ambiente de terror que, al mismo tiempo que procura inhibir la inmigración vaya también normalizando la violencia como forma de resolver problemas sociales. Hoy les toca a los inmigrantes ilegales. ¿Y después?

viernes, 21 de abril de 2017

¿Qué significa el triunfo de Donald Trump para el mundo, Latinoamérica y Estados Unidos? (Tercera Parte)


Por Arsinoé Orihuela Ochoa

Hasta ahora hemos tratado –nunca agotado– los efectos de Donald Trump en la arena internacional y en la región (Latinoamérica). Interésanos ahora abordar los impactos del triunfo electoral del incendiario magnate en el perímetro de influencia más inmediato: es decir, México y, naturalmente, Estados Unidos. En esta oportunidad tratamos el caso mexicano, y dejamos para la última entrega el caso del país cuyo colegio electoral lo eligió (no el balotaje popular). 

México: el gran perdedor 

El ascenso al poder de Donald Trump –coinciden en señalar los analistas– representa una catástrofe, una desintegración de la moral pública, y una derrota categórica para México, que es el gran perdedor de una larga cadena de perdedores que dejó el triunfo del republicano “outsider”. 

En su primer libro “El arte de la negociación”, Donald Trump escribe: “si mi adversario es débil lo aplasto y si es fuerte, negocio”. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegración de la moral pública (aplastar y no socorrer al débil), y la del inminente aplastamiento de su débil (e imaginario) adversario –México. 

Los efectos de Trump en México tocan mayormente dos renglones: el económico y el político (y sin duda el migratorio, que, por sí sólo, amerita un estudio aparte, pero que cruza transversalmente a los dos renglones referidos). 

Economía 

En materia económica, las élites en México apostaron por 30 años a un enemigo: Estados Unidos, y los intereses oligárquicos reunidos en su órbita. En 1994, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), y decretaron la bancarrota económica de los mexicanos. El tratado significó la desactivación del proceso de industrialización en México; destruyeron la planta productiva del campo y la ciudad (el país perdió más de 900,000 empleos agrícolas en la primera década del TLCAN, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos); privatizaron puertos, aeropuertos, minerales, hidrocarburos, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, banca etc. El tablero geopolítico en nuestra época se juega con dos fichas: finanzas e hidrocarburos. Y México, que potencialmente es una fuerza de primer orden en los dos renglones, renunció al control estratégico de esos factores geoeconómicos: el 92 por ciento de la banca está extranjerizada, y con la reforma energética de 2013, el país entregó rastreramente el petróleo a las siete hermanas de la industria petrolera. México tenía la economía más fuerte de América Latina. El TLCAN nos debilitó. Nos condenó a la humillación. En el presente, de acuerdo con analistas en la materia, México tiene el salario más bajo de Norte y Centroamérica (y que muchos países de Sudamérica), y los derechos laborales están absolutamente liquidados (seguridad social, pensión etc.). No es accidental que el narcotráfico es la principal fuente de ingresos en el país, que desplazó al petróleo, otrora campeón de la economía nacional, y a las remesas, que registraron una contracción con la persecución-deportación de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, especialmente tras el triunfo de Donald Trump.

Política 

Al gobierno de México lo único que le preocupa es la renegociación del TLCAN. Y es absolutamente omiso con las deportaciones masivas y la fractura de familia mexicanas que está teniendo lugar en Estados Unidos. La suerte de los migrantes nunca fue de ningún interés para las elites gobernantes: el TLCAN que esas propias elites firmaron, expulsó a millones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahora que están a punto de sufrir una segunda expulsión, de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano está cruzado de brazos, haciendo como que la virgen le habla, y renegociando humillantemente un tratado que dejó muerte y destrucción en suelo nacional. 

En materia política, el ascenso de Trump dejó huérfanas a las élites gobernantes. No tienen fuerza ni siquiera para movilizar populistamente a la población. Por añadidura, México no cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos. El TLCAN fue un harakiri político: la clase política en México eligió el proyecto con base en la geografía y por oposición a su historia y cultura. El Estado no tiene brújula, no tiene dirección. La política exterior es de persistente deshonra y humillación: el alto funcionariado mexicano lanza gestos de amistad a un gobierno – el de Estados Unidos – que responde con gestos de enemistad e insulto llano. México es un peón acasillado. 

En resumen, y en relación con el renglón político-geopolítico, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de gobiernos canallas y apátridas, que ahora, desesperados, no saben cómo recuperar autoridad y legitimidad, y acuden al narcotráfico y el militarismo para conservar el poder. 

El principal traidor de los mexicanos es su gobierno. 

¡Que muera el mal gobierno!

sábado, 8 de abril de 2017

¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

El 14 de marzo de este año, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, indicó a la prensa que habían sido encontrados 250 cráneos en un predio de la metrópoli porteña, y sugirió que podía tratarse de la fosa clandestina más grande del mundo. 

Estos hallazgos confirman lo que grupos de la sociedad organizada han denunciado durante los últimos 10 años: a saber, que Veracruz es un vertedero de cadáveres, y la sede de un narco-holocausto. (Glosa marginal: de 2007 a 2016, en el país se localizaron 855 fosas clandestinas). 

Lo cierto es que el estado de Veracruz cobró una notoriedad insólita en el último año. De hecho, las investigaciones sobre la crisis de derechos humanos en México a menudo acuden a Veracruz como estudio de caso para entender las causas del drama nacional. Un recuento de los costos humanos, pone de manifiesto que el narcoestado tiene en Veracruz a uno de sus más estratégicos campos de guerra. Las cifras dan cuenta de una tragedia humanitaria, y de una yuxtaposición de facultades, jurisdicciones e imperios: en México, el narcotráfico cogobierna con el PRI-Estado. 

No obstante, si bien está ampliamente documentada la crisis veracruzana por los propios actores sociales, especialmente periodistas, lo cierto es que priva en el país un desconcierto y un déficit en materia de análisis e interpretación. 

En este sentido, urge problematizar adecuadamente el caso de Veracruz, formular preguntas que orienten el análisis, y perfilar algunas hipótesis que ayuden a entender la catástrofe del estado. 

Por ahora, interésanos acudir a dos preguntas absolutamente pertinentes: ¿qué razones explican la crisis multidimensional en Veracruz?; y ¿por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia nacional? 

Para responder a estas preguntas es preciso atender tres factores: la relación PRI-estatal-nacional, el narcotráfico (como actor político), y los efectos de la guerra. 

Sólo a modo de contextualización, parece pertinente recapitular algunos de los horrores documentados por la prensa: 

1. En los últimos 10 años, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso de América Latina para el ejercicio profesional del periodismo. Sólo en los seis años de la administración de Javier Duarte de Ochoa, fueron asesinados 19 periodistas

2. En el marco de la guerra contra el narcotráfico, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista (mando único policial, gendarmería nacional etc.). Y nadie puede objetar que esos experimentos militares se tradujeron en un estado de barbarie 

3. De acuerdo con estimaciones oficiales, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron desaparecidas. Se calcula que cerca de 70 por ciento de esas desapariciones involucran a funcionarios públicos o agentes del estado 

4. Veracruz llegó ocupar el segundo lugar nacional en materia de secuestros, solo detrás de Tamaulipas, el estado vecino 

5. De 2011 a 2016, que es casi toda la administración de Javier Duarte de Ochoa, murieron por homicidio cerca de 3,500 personas (Panorama Noticieros 14-X-2016) 

6. La justicia está en bancarrota: las organizaciones civiles documentan que la impunidad es casi del 100 por ciento 

Estos son sólo algunos de los costos sociales más tangibles de la catástrofe veracruzana. Pero falta explicar por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México. 

De 2004 a 2010, el estado fue gobernado por Fidel Herrera Beltrán del PRI, quien desde esos años ha sido señalado por favorecer la creación de una especie de “consejo de gobierno" extrainstitucional (“La Compañía”), conformado, entre otros actores, por personal de los cárteles de la droga. En 2013, en una corte de Austin, Texas, testigos protegidos confesaron que el cártel Golfo-Zetas invirtió 12 millones de dólares en 2004 para que Fidel Herrera alcanzara la gubernatura, a cambio de protección política en Veracruz, “para operar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero, extorsionar y secuestrar con libertad” (Aristegui Noticias 9-IX-2014). 

En 2007, cuando Felipe Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron a la calle 45 mil militares. El estado de Veracruz alojó a una décima parte del total. Es decir, cerca de 5 mil elementos castrenses. Múltiples analistas han identificado que atrás del ejército estaba el cártel de Sinaloa. 

Parece que hasta allí se mantenía una especie de alianza bipartita en el estado, con el cártel del Golfo-Zetas, y con el cártel de Sinaloa, que era el cártel protegido del gobierno federal. Una especie de pax mafiosa (no tan diferente del Pacto por México de Enrique Peña Nieto), que sin embargo ya comenzaba a cobrar algunas víctimas. 

En 2010, el delfín de Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa, también del Partido Revolucionario Institucional, ganó las elecciones por escaso margen. Como gobernador electo, anunció que iba a apoyar la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Es decir, profundizó la relación con el gobierno federal, en detrimento de los arreglos precedentes. Eso implicó un reacomodo de las estructuras criminales en el estado, y, por consiguiente, una conflagración abierta con el cártel de Los Zetas en provecho del cártel del gobierno federal: es decir, el de Sinaloa, o más tarde, cártel Jalisco Nueva Generación, 

Si bien ya no tenía exclusividad, la evidencia sugiere que allí expiró la alianza del PRI-estatal con Los Zetas, por disposición de los mandos federales, y con la venia del gobierno de Veracruz. Y estalló la guerra. Un testimonio de un jefe de Los Zetas, recogido por Vice News, convalida esta conjetura: “Ha habido enfrentamientos para rompernos la madre a nosotros, pero ahí viene disfrazada la Marina, Policía Federal, Mando Único. Vienen mezclados con los grupos (criminales). Prácticamente estamos peleando contra fuerzas federales” (https://news.vice.com/es/article/secretos-jefe-los-zetas-gobierno-abrio-puerta-pacta-otro-cartel). 

Por otro lado, hay que recordar que Fidel Herrera dejó una deuda de 11 mil millones de pesos en el estado, y Javier Duarte de Ochoa, en los primeros años de gestión, se encargó de elevarla a más de 44 mil millones de pesos. 

En este sentido, el reacomodo delincuencial debió responder a un acuerdo entre el gobierno federal de Felipe Calderón, que demandó “limpiar la plaza” (minar la presencia de Los Zetas para abrir el flanco a Sinaloa), y el gobierno estatal de Javier Duarte, que aceptó el arreglo por la urgencia de recapitalizar las arcas del estado con dinero de la federación, y desde allí operar la elección presidencial de 2012. Ese año, dos empleados de Duarte fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca, Estado de México (entidad natal-operativa-residencial de Enrique Peña Nieto), por transportar en un avión dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo (Animal Político 30-I-2012). 

Es importante destacar que Veracruz es el segundo estado más poblado, con más de 8 millones de habitantes –sólo por detrás del Estado de México– y la entidad con el segundo padrón electoral más alto, con más de 5 millones de votantes. También es uno de los bastiones históricos del PRI, porque hasta el año pasado (2016) el partido gobernó ininterrumpidamente durante casi un siglo. De tal modo que es una entidad clave para la política del país, en general, y para el PRI, en particular. 

Y, efectivamente, Veracruz fue una pieza clave en la restauración priista de 2012. Ese año ganó la elección presidencial Enrique Peña Nieto del PRI, y desde ese momento varios elementos de la clase política estatal engrosaron las filas del gobierno federal. Poco antes de la toma de protesta de Peña Nieto, Javier Duarte anunció: “Vienen cambios importantes en la estructura federal; muchos veracruzanos participarán en ellos…” 

Tal vez ahora produce risa o llanto, pero en esa misma oportunidad, el ahora prófugo exgobernador remató: “Ya recibí invitación del presidente electo para participar en su administración, solamente que es para enero de 2017” (La Jornada 21-XI-2012). 

Por añadidura, en ese año de transición federal, y acaso como pago por servicios electorales, Veracruz consiguió el tercer presupuesto más alto para seguridad pública en todo el país, cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal. El PRI nacional concedió licencia para matar y delinquir en Veracruz, con márgenes irrestrictos de impunidad. 

Es evidente a todas luces que Veracruz es botín, laboratorio y base de operaciones de las agendas del PRI nacional. 

Que Veracruz figure como el epicentro de la tragedia nacional se explica por la suma de tres factores: la relación satelital y rastrera del PRI estatal en relación con el PRI nacional (y el PAN); el ensamblaje integral del PRI estatal con el narcotráfico; y la habilitación de la entidad como teatro de guerra para ensayar fórmulas de ocupación militar y despojo a gran escala de recursos. 

En suma, la crisis humanitaria de proporciones holocáusticas en Veracruz, es el resultado de las maquinaciones políticas del PRI-partido (en contubernio con facciones del Partido de Acción Nacional). 

Por eso el exgobernador Javier Duarte –que sigue en calidad de prófugo– es un protegido clave del gobierno federal. Y acaso por los arreglos con el PRI, Felipe Calderón consiguió que el PAN postulara a Margarita Zavala –su esposa– como candidata a la presidencia para la elección de 2018, a pesar de la fuerte oposición de su partido. 

La presidencia de Enrique Peña Nieto, y la candidatura de Margarita Zavala, están sostenidos en arreglos inconfesables con el narcotráfico, y en un vertedero de cadáveres que comprende toda la geografía nacional, pero cuyo epicentro está en Veracruz.

martes, 4 de abril de 2017

De Cuba a Venezuela: la decadencia de la diplomacia mexicana.


Hace ya más de medio siglo, en el balneario uruguayo de Punta del Este, se celebró la Octava Reunión de Consulta de la Organización de Estado Americanos (OEA). Su objetivo no era otro que expulsar a Cuba de la organización, poco después de que Fidel Castro había declarado al marxismo-leninismo como la ideología de la revolución cubana. A pesar de las abstenciones de Chile y Ecuador y los votos en contra de México, Brasil y Cuba, los designios del imperio se consumaron. 
 
La oposición, encabezada por la delegación mexicana, intentó salvar las formas señalando que para expulsar a un miembro la OEA era necesario modificar la Carta de la propia organización, pero sobra decir que dicho argumento no prosperó. La Guerra Fría estaba en su apogeo y el desafío lanzado por la revolución cubana era simplemente intolerable para los EE. UU. Y si bien México adoptó una posición ambigua -enarbolando la tesis de la incompatibilidad del marxismo–leninismo con los principios de la OEA, buscando que fuera la delegación cubana la que se separara para evitar la expulsión- al final fue el único país del continente que mantuvo relaciones diplomáticas con la isla.

Las presiones contra semejante actitud no vinieron solo desde Washington sino también desde el interior; tanto los grandes empresarios como la jerarquía católica presionaron al gobierno de López Mateos para alinearse a la política imperial aduciendo el principio de la propiedad privada, amenazada por la postura de Castro. Las relaciones entre banqueros, industriales y comerciantes con el presidente no eran buenas y las presiones fueron públicas, sobre todo porque poca antes de la reunión en Punta del Este, López Mateos había declarado a su gobierno como “de extrema izquierda dentro de la Constitución” Si a esto agregamos los conflictos suscitados por la publicación de los libros de texto gratuitos para la educación básica y la debilidad de la economía mexicana por el crecimiento mínimo (1% del PIB) y la baja inversión extranjera, la postura de la delegación mexicana se sostuvo gracias a su tradición diplomática.

En estos días, en medio de las maniobras de la OEA para expulsar a Venezuela casi con los mismos argumentos que se utilizaron con Cuba en enero de 1962, no se puede dejar de comparar el enorme deterioro de la autonomía relativa de la diplomacia mexicana. Si en Punta del Este la delegación mexicana encabezaba la postura contraria a la de los EE.UU. hoy simplemente se ha incorporado con evidente protagonismo para cumplir sin ambages con los intereses yanquis. La Guerra Fría ha terminado y sin embargo la OEA sigue cumpliendo fielmente con los objetivos para la que fue diseñada: servir de punta de lanza para mantener el dominio imperial, sometiendo a los países de la región a sus designios. 
 
Las agresiones verbales y la persecución y estigmatización de los migrantes mexicanos gracias al neofascismo encabezado por Trump facilitarían mucho más que en 1962 una postura más autónoma del gobierno mexicano frente al caso de Venezuela, que incluso le darían a Peña la posibilidad de mejorar su pésima imagen. Empero, los hechos confirman lo contrario, dejando muy claro que los tiempos han cambiado. Un gobierno postrado y sin apoyo popular prefiere jugar a la segura, a pesar de los golpes que ha tenido que aguantar, y sumarse al embate de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. 
 
El martes pasado, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en donde expresa “su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático” pasando por alto las gravísimas alteraciones al orden constitucional en Argentina -con el macrismo en el poder- o al de México, con la militarización sistemática iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón. La condena también pasa por alto el hecho incontestable que ha sido precisamente la oposición a la revolución bolivariana la que -ahora desde el Congreso pero desde hace años con conspiraciones y acoso mediático nacional e internacional- una y otra vez ha demostrado su desprecio por el cacareado orden constitucional. En el colmo de la simulación, la lista de los 17 países que suscribieron la declaración no ha sido revelada, pero el camino a la suspensión de Venezuela como integrante de la OEA está abierto y parece que sólo es cuestión de tiempo. 

La frase histórica de Juárez, que es también la de todos los países periféricos para oponerse al neocolonialismo, ha perdido así toda su vigencia en México y no queda más que admitir que de la tradición diplomática construida a lo largo de casi dos siglos no queda nada. Desde el infame “comes y te vas” hasta la sumisión humillante de Peña a las bravatas de Trump, la carga simbólica de la postura diplomática mexicana es historia. ¿A cambio de qué?