miércoles, 20 de septiembre de 2017

El referéndum en Cataluña y la monarquía española


Cuando se afirma que el estado liberal se encuentra en su etapa terminal no se pretende convertir los deseos en realidades sino en analizar los acontecimientos políticos partiendo precisamente de dicha hipótesis. Sólo así es posible calibrar en su justa dimensión lo que sucede el reino de España y las consecuencias posibles de un triunfo del independentismo catalán. La envenenada transición política de los años setenta en España a llegado a su límite y que los catalanes la impugnen promoviendo la independencia, vuelve a colocar en el centro de la discusión el agotamiento de una monarquía constitucional que ha sido claramente la continuación del franquismo, su existencia por otros medios.

La dictadura de Franco no resolvió nada y peor aun, sumió en una larga noche a España y a Europa. Sólo aplazó la tendencia republicana de un pueblo que claramente ha desde los años veinte había rebasado los límites de una monarquía decrépita y abrazada con la iglesia católica y los terratenientes. Con su regreso, gracias a Franco y la ambición de Juan Carlos, se le quiso dotar de legitimidad imponiendo una constitución que sin tapujos modificó el régimen para que todo siguiera igual. Hoy por hoy esa constitución, y las instituciones que emanaron de ella, han demostrado su verdadero carácter oligárquico, despreciando las necesidades de una sociedad que ha recuperado su talante republicano y que ha rebasado por mucho el espíritu reaccionario de la constitución posfranquista.

El movimiento de los indignados del 15M demostró claramente que la monarquía constitucional no podía mas mantener el consenso y la legitimidad necesaria para seguir viva. Muchos se preguntaron cual había sido la contribución del movimiento a la política en España; bueno, ahora lo tenemos a la vista, aunque no se puede pasar por alto tampoco a Podemos, que puso en evidencia el debilitamiento de un sistema de partidos corrupto y profundamente conservador. Pero el hilo siempre se rompe por lo más delgado: las aspiraciones independentistas que se expresaron claramente en el país vasco -en tiempos de Franco y luego con la monarquía constitucional- fueron cobrando fuerza en una región que sufrió mucho la derrota de la república en 1936, que fue duramente castigada por ser pieza clave en la guerra civil para la defensa de los valores republicanos. Hay que recordar que el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana unas horas antes de la constitución de la II República. Mas allá de la masacre que se desató como consecuencia de la derrota republicana, el agravio a los catalanes se amplió al ilegalizar su lengua y anatemizar cualquier expresión cultural y política que reivindicara el derecho de la población a mantener su espíritu vivo. 
 
Los actores políticos involucrados son, por un lado los partidos políticos que han lucrado ampliamente con los privilegios obtenidos a cambio de su respeto a la monarquía y a la iglesia católica. El Partido Popular y el PSOE no pueden menos que condenar las aspiraciones independentistas de Cataluña pues los colocaría en una situación de ruptura que a todas luces no les favorece. Los acompaña por supuesto la monarquía y todos lo terratenientes que con títulos nobiliarios siguen imponiendo sus caprichos en las grandes extensiones de tierra que poseen gracias a su apoyo al rey. No es una casualidad que sean los grupos más favorecidos con la transición político de los setentas los que se rasguen las vestiduras ante la celebración del referéndum catalán: las consecuencias serían imprevisibles para el mantenimiento de sus privilegios.

Por otro lado están la Candidatura de Unidad Popular (CPU) , en la que se apoya la coalición Junts pel Si que encabeza la organización del referéndum, tiene un discurso que evidentemente pone en la picota a los beneficiarios del franquismo monárquico. En un manifiesto firmado por la CUP se puede leer lo siguiente: “Barramos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía: autodeterminémonos, desobedezcamos leyes injustas para construir una república libre, solidaria, independiente y socialista” Y a pesar de ser una fuerza política legal en Cataluña, con representantes electos, Rajoy se ha referido a ellos diciendo que son “la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años” 
 
La reacción de los opositores al referéndum ha echado mano de todo el poder del Estado para detenerlo: desde anatemas del Tribunal Constitucional hasta registros efectuados por la Guardia Civil de cuatro departamentos de la Generalitat, detenciones y confiscación de material gráfico que promueve el referéndum. La desesperación parece cundir entre Rajoy y sus socios que no pueden menos que tratar por todos los medios de impedirlo. No defienden al pueblo que dicen representar, defienden sus privilegios y los de la monarquía, que tanto los ha beneficiado. No sorprendería a nadie, tomando en cuenta lo que está en juego, que el Estado español impida el referéndum con la fuerza de las armas. Después de todo, el franquismo y su razón de ser siguen vivitos y coleando.

Mas allá de que se lleve a cabo y su resultado le dé vida al independentismo catalán -y porque no, al vasco y el de otras regiones de España- las cartas están echadas: la monarquía constitucional, continuadora del régimen franquista, está cada vez más debilitada y desprestigiada, mientras que el movimiento por la III República crece día con día. Es probable que la independencia de Cataluña, en caso de convertirse en una realidad, no resolverá todos los problemas que enfrentan los catalanes pero una cosa es aún más probable: el principio del fin de la monarquía franquista, como manifestación clara de la crisis terminal que experimenta el estado liberal en España y el mundo.

viernes, 15 de septiembre de 2017

México 2018: la izquierda se levanta

México está al borde del colapso humano. Esta verdad inexorable prologa las elecciones federales de 2018. Y no es catastrofismo infundado: los indicadores de seguridad, justicia y derechos humanos dan cuenta de una tragedia humanitaria en curso: 200 mil homicidios en 10 años de guerra; 32 mil desaparecidos (organismos civiles estiman que la cifra asciende a 60 mil); 2 millones de personas desplazadas territorialmente por la violencia; 110 periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha; un repunte de 700% en materia de secuestros (ninguna familia en México se salva de este delito lacerante); feminicidios al alza (con especial virulencia en el Estado de México, actualmente base operativa de los poderes federales); pobreza galopante (55.3 millones de pobres, de acuerdo con el Coneval); y una militarización sin freno de la vida pública (las quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000 por ciento). Pero nadie en los circuitos de arriba parece estar intranquilo por esta calamidad o siquiera dispuesto a nombrarla. México es un holocausto sin relato ni reconocimiento oficial. Fuera de ese oficialismo resueltamente sordomudo, florecen, desde la izquierda –una de arriba y otra de abajo– dos fuerzas anti(extra)establishment: Movimiento de Regeneración Nacional y Concejo Indígena de Gobierno (propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional). 

La primera fuerza (Morena), apunta al cambio de régimen político por la vía electoral (temporalidad política de corto-mediano alcance). La segunda (CIG-CNI-EZLN), apunta al cambio civilizatorio (transformación radical del orden social) por la vía de la articulación-organización de base (temporalidad política de mediano-largo alcance). 

Morena es un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista. El CIG-CNI-EZLN es un movimiento social de amplio espectro, anticapitalista y decididamente autonomista. El propósito acá no es equipararlas. Nadie discute que se trate de izquierdas de signo diferente: una, de arriba-moderada (coyuntural); la otra, de abajo-radical (de largo aliento). A la segunda la acusan de no querer dialogar con la primera, o incluso de “colaborar” (sic) con las “fuerzas de la derecha”. Pero la historia constata que la responsabilidad del desencuentro recae en la otra parte. La izquierda electoral-institucionalista nunca quiso dialogar con la rebelión indígena anticapitalista, e incluso traicionó flagrantemente la posibilidad de un encuentro. En 1996, las principales fuerzas partidarias, incluida esa izquierda institucional (Partido de la Revolución Democrática, antecedente de Morena) establecieron las bases del ordenamiento político-electoral, en beneficio irrestricto de los partidos, y en detrimento de los Acuerdos de San Andrés (apertura y democratización del sistema político en su conjunto), suscritos por el EZLN y el gobierno federal. Acaso por eso los zapatistas han dicho que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador –signatario de ese arreglo partidocrático–, no es diferente del resto de los políticos. 

En esas coordenadas discurre la interferencia que impide el diálogo. La factibilidad de desalojar a la narco-derecha del poder e instalar “sosteniblemente” las agendas de “las izquierdas” en 2018 (esfuerzo absolutamente urgente, legítimo e inaplazable), estriba en la habilitación de un diálogo, aunque fuere sólo transitorio o coyuntural, entre las bases sociales que movilizan esas dos fuerzas. 

Esto de ninguna manera es un intento por dirimir, por orden de las teclas, una discusión entre dos propuestas políticas tan apartadas una de la otra, objetiva y subjetivamente. Pero sí es un esfuerzo por exhortar a un diálogo que involucre a la militancia de base de las izquierdas, que, afortunadamente, ya en algunos foros y espacios está teniendo lugar. La prioridad es que la izquierda se levante, apuntando a una tarea común: pensar-desarrollar colectivamente el anticuerpo. México es un organismo desprotegido, y a merced de las inercias políticas más adversas e infaustas. 

Ni Morena es exactamente igual a los otros partidos (todas las coaliciones partidarias en curso responden a una acción concertada de la derecha por frenar el lopezobradorismo), ni el CIG-CNI-EZLN aspira a escamotear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (la rebelión indígena ha sido radicalmente fiel al programa de resistencia; y es acaso el único actor social con autoridad moral irreprochable). La condición de posibilidad de un encuentro radica en admitir que las descalificaciones recíprocas contribuyen a fortalecer la continuidad en el poder de una derecha obscenamente criminal, y, por consiguiente, la hegemonía del PRI-Estado. 

Por definición, el poder es eso que gobierna, y que ha tenido capacidad de alcanzar hegemonía. En México gobierna el PRI-Estado, cuyos dominios gubernativos abarcan: 1) el sistema político en su conjunto, es decir, la totalidad de los partidos –tricolor, blanquiazul, amarrillo o verde; 2) la tradicional cultura política clientelista, corrupta e influyentista; 3) el ensamblaje estructural con el narcotráfico; 4) la anglofilia o adhesión ideológica a Estados Unidos por oposición a la identificación con Latinoamérica; 5) el neoliberalismo antinacional. 

El imperio del privilegio (criminal) en México descansa sobre esas columnas del PRI-Estado. 

Las izquierdas tienen básicamente dos asignaturas urgentes, una de corto plazo, otra de largo alcance: la primera, desarrollar el anticuerpo (anti-PRI) y derruir las bases del PRI-Estado; la segunda, reconstruir el tejido social y parir un orden social radicalmente “otro”. 

El diálogo de las izquierdas es en función de esas tareas comunes. 

Que en 2018 la izquierda (no unificada pero sí en diálogo) se levante.


viernes, 25 de agosto de 2017

3 tesis sobre el caso Narvarte y una lección escarmentada

El pasado 31 de julio se cumplieron dos años del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y en el que perdieron la vida Rubén Espinosa (periodista), Nadia Vera (activista estudiantil), Alejandra Negrete, Mile Viriginia Martin y Yesenia Quiroz. El artero crimen –que es uno de los episodios que toca las fibras más sensibles de la crisis nacional– permanece sin castigo. De hecho, en mayo del año en curso, jueces federales congelaron los procesos contra dos de los tres detenidos. Y las averiguaciones continúan envueltas en una bruma de omisiones e inacciones (como todos los otros centenares de crímenes de lesa humanidad que laceran al país). Las líneas de investigación que involucran la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia Vera en Veracruz siguen desatendidas. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reportó que la Procuraduría de Justicia de la capital “contaminó” la escena del crimen, e ilegalmente filtró información a la prensa que revictimizó-criminalizó a las víctimas del asesinato múltiple. Esto con el objeto de urdir un relato que desautorice el reclamo de justicia de los deudos, el gremio periodístico y el movimiento estudiantil. Antes de morir, Rubén y Nadia responsabilizaron públicamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (admirador confeso de Francisco Franco), por cualquier perjuicio que pudieran sufrir. Unos días antes de su asesinato, Rubén confesó: “Me molesta, me caga estar así, aislado, con miedo, no poder chambear a gusto, pero en Veracruz no se pueden echar en saco roto las intimidaciones, los acosos y la vulnerabilidad en la que periodistas ejercen el oficio” (Noé Zavaleta en “El Infierno de Javier Duarte”). Todas las evidencias del crimen apuntan al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa (capital de Veracruz). Y, sin embargo – o acaso por eso– todas las indagatorias desestiman la “línea Veracruz”. 

Con base en las evidencias disponibles, y las averiguaciones de organismos autónomos como Artículo 19, periodistas independientes, abogados de las víctimas, y algunos rumores palaciegos, es posible perfilar tres tesis acerca del multihomicidio. 

Primera tesis: venganza personal 

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y su secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, habían sido expuestos públicamente por el lente denunciatorio del fotoperiodista Rubén Espinosa. 

En más de una oportunidad, las imágenes en prensa de Javier Duarte, capturadas por Rubén Espinosa, retrataron a una persona obcecada por “la plenitud del pinche poder” (dixit Fidel Herrera Beltrán). El registro fotográfico de un Duarte colérico, con mirada inequívocamente homicida, es crédito de Rubén. Por ese goteo de información que los poderosos aborrecen, se hizo de conocimiento público el malestar que generó intramuros el lente de Rubén. Esas fotos circularon febrilmente en la prensa nacional e internacional. Y, en cierto sentido, la certidumbre pública acerca del talante criminoso de Javier Duarte es un mérito del trabajo de Espinosa. 

Por otro lado, Rubén Espinosa nunca titubeó cuando denunció ante la prensa que la fuente de acoso e intimidación que sufrían los periodistas-activistas en Veracruz era la secretaría de seguridad pública, dirigida por el “Mad Dog” tropical, Arturo Bermúdez Zurita, también conocido en los corrillos de la narcocracia como “Capitán Tormenta”. 

Esos “desaires” y señalamientos inflamaron el rencor vengativo y homicida de una casta gobernante que instauró en el estado un orden puramente delincuencial. 

Segunda tesis: miedo 

Documentar el infierno en Veracruz involucra pisar los talones del binomio crimen-institucionalidad. En esa entidad bañada en sangre, la delincuencia organizada de Estado arrolla a todo aquel que intenta interferir o denunciar el maridaje de la criminalidad y las instituciones. 

El 5 de junio de 2015, ocho alumnos de la Universidad Veracruzana fueron atacados brutalmente por un comando armado en la ciudad de Xalapa, y cuya acción emuló peligrosamente el modus operandi de la represión en Ayotzinapa (aunque sin desaparecidos). El asalto dejó algunos rostros desfigurados, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y un clima de horror. 

En México es imposible distinguir una acción criminal de una acción de gobierno. Y lo que ese grupo de estudiantes denunció antes del ataque fue justamente el creciente ensamblaje del estamento gobernante con los cárteles de la droga. “La neta, la neta, ustedes son los Zetas” (en referencia a la organización criminal cuya sede residencial-operativa es Veracruz). Esa consigna repicó en cada marcha que los estudiantes organizaron para reprochar el terrorismo criminal del gobierno de Javier Duarte y el sobreempoderamiento de sus allegados criminales. 

Rubén Espinosa documentó la agresión a los estudiantes. Y, convencido que “los agresores despechan en Palacio de Gobierno” (Alejandro Saldaña), dispuso investigar a fondo el caso. Esa osadía le costó el exilio. Rubén salió huyendo de Veracruz por el virulento asedio del gobierno duartista. Pero no desistió de seguir con la investigación del ataque sicarial contra los ocho jóvenes. Desde la Ciudad de México –otrora santuario de periodistas en destierro– solicitó ayuda a colegas veracruzanos para difundir un documento que escribió a cuenta personal, y cuyo contenido arrojaba pistas sobre la conexión de aquel escuadrón criminal con el gobierno del estado de Veracruz. 

El gobierno sabía de la tenacidad de Rubén Espinosa. Y temía que el fotorreportero desentrañara la verdad: que en Veracruz la institución duerme con el enemigo. En otras palabras, que la gobernabilidad en esa entidad está terminantemente fuera de la legalidad. 

El duartismo tenía miedo de Rubén, en particular, y de la denuncia social en general. Porque no hay gobierno que soporte la verdad que él y otros conocen: que la delincuencia (narcotráfico) es clase gobernante. 

Tercera tesis: represión ejemplar 

La articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano comenzó a tener un costo político para el Partido Revolucionario Institucional. En la elección federal de 2015, el 7 de junio de ese año –sólo dos días después de la atroz embestida a los estudiantes–, el partido oficialista perdió escaños tradicionalmente indisputados en el Congreso de la Unión; particularmente la diputación de la capital del estado. En esa ocasión fue electo Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional (oposición), como diputado federal por el Distrito electoral federal 10 de Veracruz con cabecera en Xalapa-Enríquez a la LXIII Legislatura, y tras derrotar a Reynaldo Escobar, fiel e histórico militante del PRI que desde distintos cargos coordinó la instalación de la delincuencia organizada en el estado. En 2016, el propio Cuitláhuac García disputó la gubernatura del estado. Y perdió por un margen minúsculo (en una elección fuertemente cuestionada por anomalías desentendidas por el árbitro electoral). Si el movimiento estudiantil hubiera seguido en pie, es posible especular que la oposición habría conquistado la gubernatura. 

El asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera en la colonia Narvarte de la Ciudad de México aconteció sólo dos meses después del primer gran descalabro electoral del PRI estatal (una entidad que “el partido” gobernó ininterrumpidamente por casi un siglo). Rubén y Nadia fueron figuras emblemáticas de esa “articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano”. Por eso sufrieron acoso sistemático. Y eso explica que decidieran salir huyendo de Veracruz. Pero la violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. Y fue de tal dimensión la desmoralización por el multihomicidio, que la protesta social agonizó en ese estado. Julián Ramírez alerta: “después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó”. La represión fue ejemplar. Escrupulosamente dirigida. El mensaje fue claro: no se tolerará ni un connato de crítica al orden criminal, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. 

Lección escarmentada 

A Rubén y Nadia les asistía la razón cuando advertían: “nos están aniquilando”. El Estado Mexicano nos está aniquilando.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Asesinan a tiros en Veracruz al periodista Cándido Ríos


El corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan Cándido Ríos Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del martes por un comando cuando se encontraba afuera de una tienda Oxxo situada en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Ríos Vázquez se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año y estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a que había recibido varias amenazas. 

Según reportes policiacos, Cándido Ríos estaba afuera del establecimiento comercial con el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría y el chofer de este mando policiaco, cuando varios sujetos usaron armas de alto poder en su contra. 

Jorge Morales Vázquez, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), condenó el homicidio e hizo un llamado enérgico para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia. 

Dijo que la CEAPP le brindaba asesoría legal al comunicador asesinado respecto de la denuncia presentada en 2012 ante la entonces Procuraduría General de Veracruz (número de investigación ACA/793/2012) por agresiones por parte de autoridades municipales de Hueyapan de Ocampo. 

Este es el segundo periodista asesinado en lo que va de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. El 19 de marzo fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera, en el municipio de Yanga, Veracruz. 

Los otros comunicadores asesinados en lo que va del año en el país son: Luciano Rivera, conductor de CNR Noticias, de Playas de Rosarito, Baja California; Salvador Adame, director de Canal 4Tv, de Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán; Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa; Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos; Maximino Rodríguez Palacios, del portal Colectivo Pericú, en Baja California Sur, y Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez.

viernes, 11 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar. 

Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis. 

Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos. 

Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco). 

Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento. 

Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc. 

En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999). 

Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato. 

En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza (ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado. 

Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad. 

En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala. 

La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.


1. ¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

2. ¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

3. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

4. Acerca de la guerra en México: apuntes teóricos

5.¿Qué es un narcoestado?

jueves, 3 de agosto de 2017

Crónica de una reelección anunciada en la UV

Con el proceso para elegir -privilegio de unos cuantos- al nuevo rector de la Universidad Veracruzana en su fase final, convendría recordar algunos acontecimientos que en la presente coyuntura podrían inclinar la balanza en favor de la reelección de Sara Ladrón de Guevara. Además de la tendencia a la reelección presente desde los años de Víctor Arredondo hay que considerar también la labor de la rectora para facilitar la llegada de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz quien, pesar de las promesas no cumplidas, parece seguir gozando del apoyo de la burocracia universitaria... a cambio de la reelección claro.

Porque lo que está en juego es el mantenimiento de la alta burocracia universitaria y no solamente de la rectora; la continuidad de un proyecto que sólo sirve a los mandarines y que se mantendrá para favorecer a unos cuantos en la dinámica de convertir lo que queda de la universidad de masas en universidad-empresa. Hay que recordar que dicho estamento universitario es producto de la corrupción y el sometimiento sin rubores al proyecto neoliberal y al gobierno estatal en turno para legalizar el despojo a través del manejo patrimonial del presupuesto, epicentro de los altos sueldos, privilegios de sátrapas pero sobre todo del control político de la comunidad universitaria para su beneficio. Sin éste último el despojo se vería comprometido.

Pero en realidad el capital político de la rectora es producto sobre todo de aquéllas manifestaciones convocadas primero por un grupo de universitarios y luego por la propia rectora, en pleno proceso electoral de 2016. En su momento se denunció en este espacio la manipulación descarada de la comunidad universitaria por parte de la rectora, en pleno proceso electoral y con un protagonismo rayano en el culto a la personalidad. Baste recordar sus amañados discursos en medio de las marchas, ocultando su verdadero objetivo: favorecer la campaña de Yunes Linares y su ataque al gobierno de Javier Duarte para fortalecer su capital político y eventualmente reelegirse, arropada en la supuesta defensa de la universidad. 
 
En primera instancia podría parecer lógico que frente al adeudo a la UV por parte del ejecutivo estatal, la rectora se distanciara de éste para apoyar a la oposición conservadora. El problema es que al hacerlo, su principal objetivo fue fortalecer su imagen política en detrimento de la autonomía universitaria y la defensa de la educación pública. Someter a la universidad a una alianza política bajo la mesa con la oposición de derecha sólo la favoreció a ella y su grupo; la promesa de pago del adeudo a la universidad se quedó en eso, en promesa hasta hoy. Era lógico suponer que ese dinero se había esfumado en los pasillos de la corrupción y el tráfico de influencias, aunque hoy las buenas conciencias se sorprendan; fue evidente que el quebranto financiero de la UV fue producto de una política de estado, desde los años de Alemán y Herrera para continuar con Duarte y Yunes Linares. La burocracia universitaria no fue víctima de semejante política sino cómplice, el saqueo de las finanzas universitarias fue la muestra clara del sometimiento de los mandarines al gobierno en turno. Luego, cuando las circunstancias cambiaron, decidieron dar el chaquetazo ante la eventual derrota del PRI en el estado.

Al ganar Yunes Linares la contienda por el gobierno del estado en 2016, empezaron a surgir otros hechos que fueron descubriendo el juego de la rectora y su grupo. Incluso antes de que terminara formalmente el sexenio duartista, Clementina Guerrero pasó, de dirigir las finanzas universitarias a las del estado de Veracruz. Días antes de la toma de posesión de Yunes, Clementina se convirtió en la mandona en la Secretaría de Finanzas. Asimismo, un grupo de mandarines encabezado por Francisco Monfort Guillén se encargaron de organizar foros para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y luego formar parte del gabinete yunista, como jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. No fue el único mandarín que se incorporó al gabinete; a Hilario Barcelata, integrante del grupo de académicos en Defensa de la Universidad, le concedieron la jefatura del Instituto de Pensiones, según algunos por ser un experto en dichos temas aunque más bien aparece como parte de los beneficios de la alianza entre la rectora y el candidato panista. Además, no podemos olvidar el escándalo por la expedición fast track del título universitario al secretario de gobierno, el perredista Rogelio Franco, para evitar la vergüenza de ser un alto funcionario estatal sin contar con un título profesional. En comparación con la llegada de Clementina Guerrero al gabinete yunista parece poca cosa pero sin duda refleja claramente la disposición de la rectoría para colaborar sin condiciones con el gobierno del estado, absorbiendo el costo político sin rubor alguno. 
 
Así las cosas, la rectora y sus sátrapas mantienen viva la farsa de que la alianza con el gobierno del estado será útil para la propia universidad, cuando los únicos beneficiados hasta ahora han sido ellos. La matrícula seguirá estancada, con o sin el pago del adeudo; el patrimonialismo de la academia hiper burocratizada seguirá controlando las facultades y escuelas de la UV para mantener sus privilegios y además el proyecto educativo neoliberal; el enorme gasto corriente seguirá creciendo en detrimento de las labores sustanciales de la universidad; la opacidad de facto y la corrupción seguirán siendo la marca de la casa. 
 
La mal llamada ‘autonomía financiera’ lograda en el congreso estatal sólo es una promesa más de un gobierno que no ha cumplido ni una sola de las que ofreció en la campaña: ni pago a proveedores, ni pago del adeudo a la UV, ni combate eficaz a la inseguridad que campea en el estado y un larguísimo etcétera que por cuestiones de espacio no podemos incluir aquí. El gobierno de Yunes Linares es la continuación de una política de estado que, entre otras cosas, seguirá promoviendo el fin de la universidad de masas para favorecer el proyecto de la universidad-empresa, siempre subordinada al cálculo político del ejecutivo estatal. Y para eso no cabe duda que cuenta con el apoyo incondicional de la rectora y su grupo, por lo que es bastante probable que la reelección se consume. Pero habrá que recordarle a Sarita que así como Yunes Linares no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña probablemente tampoco le cumpla a ella.

viernes, 28 de julio de 2017

México y Venezuela: la diferencia entre dictadura y contrarrevolucion


Para Rubén Espinosa y Nadia Vera (In Memoriam) 

México y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben concentrar la atención. 

Con frecuencia se dice que el problema en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso, “opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica) profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso significa “democracia”). 

Y como el léxico es absolutamente determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación. 

México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”. 

La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria). 

De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010” (La Jornada 25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad. 

Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador, acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición (El Universal 30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en 1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en calificar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad” (Correo del Orinoco 21-I-2017). 

También en materia de tortura, la incidencia en México es alarmante. En octubre de 2015, Amnistía Internacional condenó la virulencia de ese delito en el país: “La epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles catastróficos” (La Jornada 23-X-2015). Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un aumentó de mil 165 a 2 mil 403. 

Sobre los presuntos casos de tortura contra “opositores” en Venezuela, Luis Hernández Navarro recoge un episodio ilustrativo: “Durante meses, Lilian Tintori aseguró que se su esposo, Leopoldo López, estaba siendo torturado en prisión. Incluso se dijo que había fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta versión sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio López pasó a prisión domiciliaria, parecía más un instructor de fisicoculturismo que un reo martirizado” (La Jornada 25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional (CPI) desechó la denuncia por supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, afiliados al partido derechista Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril (Telesur 19-IV-2017). 

De acuerdo con cálculos del senador Alejandro Encinas, en México suman alrededor de 800 presos políticos. Elena Arzaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS) estima que “cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin sentencia” (La Opinión 22-III-2016). 

Hasta antes de la escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este año, la propia Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que en ese país había 117 presos políticos, no pocos de ellos acusados por delitos graves que tienen poca o nula relación con un quehacer político legítimo. Entre ellos, el tristemente célebre Leopoldo López, actualmente libre, pero inhabilitado políticamente por hechos de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la derecha en las calles de Venezuela elevó la cifra de detenidos a 359 (El Nacional 17-VI-2017). Pero difícilmente alguien puede argüir que se trate de “presos políticos”. 

A propósito de persecuciones políticas, en México la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad de este delito de lesa humanidad es que involucró a la totalidad de las instituciones de Estado: fuerza pública, corporaciones policiales, instituciones de justicia, partidos políticos, y los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria acción concertada para la comisión material del crimen, y la ulterior operación de ocultamiento, con el único propósito de proteger los negocios del narcotráfico. Ayotzinapa encierra una verdad políticamente inconfesable: que México es una narcodictadura. 

También en Venezuela persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el gobierno el autor de esos crímenes. Otra vez Hernández Navarro relata un incidente representativo de la violencia en ese país: “Carlos Eduardo Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola. ‘¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se tiene que morir ese chavista!’, le gritaron… Desde entonces, los enemigos de la revolución bolivariana no han parado de quemar a seres humanos por el delito de ser chavistas. Los fanáticos han prendido fuego a 19 personas, en su inmensa mayoría negros, pobres o funcionarios gubernamentales” (Ibidem). 

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay registro de 123 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos. “En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado [2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo” (The New York Times 29-IV-2017). En México, “prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores” (Telesur 3-V-2017). 

De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en cinco países de Latinoamérica: siete asesinatos ocurrieron en México, dos en, Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y uno más en Venezuela (Resumen Latinoamericano I-IV-2017). 

En el folio de Venezuela del sitio oficial de Reporteros Sin Frontera, las estadísticas de los últimos años sobre el periodismo en ese país registran: “cero periodistas muertos”; “cero periodistas ciudadanos asesinados”; “cero colaboradores muertos” (https://rsf.org/es/venezuela). 

Cuando se le preguntó acerca de la crisis venezolana en la Conferencia de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike Pompeo, contestó: "Cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundos intereses… Basta señalar que estamos muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela… Acabo de estar en Ciudad de México en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo (¡sic!)" (El Nuevo Herald 26-VII-2017). 

¿Está clara la diferencia entre una dictadura y una contrarrevolución