martes, 25 de julio de 2017

Javier Duarte y su responsabilidad por las desapariciones forzadas en Veracruz.

En medio de la simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte, acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones (Colectivo Solecito de Veracruz  y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal vez sea la única manera de que se haga justicia.

La farsa justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a la oposición encabezada por MORENA. 

No se puede negar que el saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población, organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y nacionales. 

Es evidente que el gobierno federal ignorará los delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al respecto, prefirió mirara hacia otro lado  Los delitos de lesa humanidad se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso amenazando a los familiares de las víctimas  para inhibir sus denuncias. 

Según cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para encontrar a las víctimas-  con el argumento de la falta de recursos y la indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y con la bota militar como fiel de la balanza.

Lo anterior se confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada con el argumento tan trillado de la falta de recursos. 

En 2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”

Ese momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención del problema. La  eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.

lunes, 17 de julio de 2017

Temacapulín: neoliberalismo, fraudes hidrológicos y resistencia civil

“Una gran tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua sólo por 25 años. Es una presa cómoda (…) a costa de Temacapulín y del ecosistema” (Iteso.mx 5-VII-2017). Esto afirmó el académico Mario López, miembro del Grupo del Agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tras la decisión del gobierno de Jalisco de continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica que condena a la inundación al pueblo de Temacapulín, y a otros dos poblados colindantes, Acasico y Palmarejo. 

Temacapulín, también conocido como Temaca, es una localidad del estado de Jalisco, que forma parte del municipio de Cañadas de Obregón en la región de los Altos de Jalisco. 

De acuerdo con diversos diagnósticos, e incluso hasta los más optimistas financiados por las autoridades del estado, Temacapulín quedaría sumergido si Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, persiste en desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que proscribió la continuidad de la obra. 

Desde hace 12 años, los habitantes del pueblo han resistido e inhabilitado (hasta el reciente anuncio gubernamental que decreta la reanudación de la obra) el proyecto de construcción de la Presa El Zapotillo en el cauce del río Verde. 

A propósito del décimo segundo aniversario, El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, denunció: “Son doce años de estar luchando contra una equivocada gestión del agua y defendiendo lo más sagrado, la tierra, el agua y demás bienes naturales, así como la vida; somos muchos, hay Temacas por todo el país, en Estados Unidos y en otras latitudes”, señala el comunicado del IMDEC (Milenio 31-V-2017). 

En desatención infractora del fallo de la Suprema Corte de la Nación, que en agosto de 2013 anuló el convenio que autorizaba la obra, y de las múltiples suspensiones decretadas por tribunales colegiados, el gobierno de Jalisco contrató los servicios de La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y gastó más de 90 millones de pesos para sacar un dictamen a modo. 

Desde los órganos de comunicación estatales, se ha tratado de justificar –sin el menor rubor o reparo– una decisión a todas luces políticamente injustificable (inundar comunidades por decreto o acuerdos empresariales), bajo el argumento de que la resolución se tomó en función de criterios técnicos y científicos. Es decir, la prevalencia del “interés especial” por oposición al “interés público”, con envoltorio fingidamente cientificista. 

Para el caso de estos conflictos, tan característicos de la realidad latinoamericana, el escritor Eduardo Galeano acostumbraba decir: “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación”. 

Porque está demostrado que el fondo de estos conflictos no es técnico: es político. Desde el gobierno, los heraldos evocan evaluaciones científicas que, no obstante, confirman escenarios perjudiciales, y el carácter fraudulento e insostenible del modelo hídrico de las represas. Pero incluso hasta esos estudios técnicamente neutrales, convalidan una supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a un ejercicio político de consulta ciudadana. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científico-técnicos. 

Temacapulín es una exhortación a repolitizar ese saber tecnocientífico. 

La economía neoliberal profundizó los alcances de una añeja disyuntiva: inversionistas privados o población civil. En América Latina, casi por regla de hierro, el dilema entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población civil, se desahoga en provecho de los inversionistas privados, y en detrimento de la población civil. 

Temacapulín es un llamado a cambiar el orden neoliberal de los factores: primero la población civil, después la población civil, y al final la población civil. 

El neoliberalismo es un modelo económico (custodiado por un decálogo de fórmulas políticas e ideológicas impresentables) que anula la soberanía nacional sobre los territorios: la organización territorial no es más una facultad de la autoridad pública; es un privilegio que administran a su antojo los actores privados. El Estado es un facilitador al servicio de los inversionistas. Esto explica que un “interés especial” consiga imponer un modelo de abastecimiento de agua que hasta la Comisión Mundial de Represas admite que “es responsable del desalojamiento de hasta 80 millones de personas en el mundo” (Iteso.mx 5-VII-2017). 

Temacapulín es un reclamo de justica hídrica, sostenibilidad del ecosistema, y respeto de los derechos humanos básicos. 

Desde el comité “Salvemos Temacapulín” advierten: “Nuestras raíces, están en Temaca pero nuestra lucha también es para que se modifiquen las reglas del juego, que las decisiones que se tomen sean con la participación ciudadana, comunidades afectadas, especialistas, científicos, académicos… En estos doce años de lucha muchos compañeros y compañeras han muerto a causa de defender sus derechos humanos frente a todo lo que representa el proyecto El Zapotillo” (Milenio 31-V-2017). 

En redes sociales circula la consigna: “Temaca se va a salvar”.


jueves, 13 de julio de 2017

La modernización del TLCAN y la guerra civil en México


De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para el mantener,principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como del lugar.

No se mencionan aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE. UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE. UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del status quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.

lunes, 3 de julio de 2017

Apuntes para explicar la candidatura indígena en México (II): Desmontando el orden racista-patriarcal

Es alarmante el recrudecimiento del racismo y el sexismo en México y el resto del mundo. Basta atender los tabloides de la prensa para dar cuenta que los crímenes de odio racial están en aumento, acaso tanto como los feminicidios. El “multiculturalismo” y la “equidad de género” capitalistas fracasaron. Y fracasaron porque se montaron sobre una falsificación de significados. Falsificaron las nociones de fraternidad e igualdad. Y mintieron acerca de sus aspiraciones e intenciones. Paradójicamente, el “cosmopolitismo cultural” cohabitó –cohabita– con el etnocentrismo (europeo-occidental). El “multiculturalismo” y la “equidad de género” capitalistas quisieron abolir el racismo y el sexismo, pero no por la fuerza de la razón o la justicia social, sino por el recurso de una prédica panfletaria, incolora e ideológica. Pensaron –o quisieron hacer pensar– que el racismo y el sexismo eclipsarían por decreto, y sin penas que purgar para sus beneficiarios históricos. Donald Trump contribuyó a hacer estallar la mentira, y recordó al mundo que esos antivalores siguen reinantes, con intermitencias, pero enraizados como fuerzas vivas. 

No obstante, si Donald Trump conquistó el poder rebasando el “multiculturalismo” y la “equidad de género” por arriba y a la derecha (reeditando ánimos racistas-sexistas cavernarios), los indígenas zapatistas en México apuestan por rebasar, por abajo y a la izquierda, esos valores cuyos significados han sido adulterados, y desmontar el poder podrido que reproduce el racismo-sexismo. 

A propósito de esa falsificación, y en referencia a la postulación de una candidata indígena para la elección de 2018 en México, la escritora y dramaturga mexicana, Malú Huacuja del Toro, reparó: “Una cosa es ser la esposa de un expresidente al servicio de la economía de guerra, como Margarita Zavala y Hillary Clinton —candidateadas para darle continuidad a la presidencia del marido—, y otra muy distinta es ser elegida por votación directa y democrática por todos los pueblos originarios de México… Por eso, cabe aclarar y reiterar que, probablemente, lo más amenazador de la vocera elegida por el Congreso Nacional Indígena sea el simple hecho de que en sí misma no constituye un instrumento contra las mujeres —como acostumbra disponer el patriarcado en su guerra contra la mitad del mundo cuando no le quedan muchas opciones—, sino una verdadera representante de sus pueblos dispuesta a defenderlos” (http://www.congresonacionalindigena.org/2017/04/25/el-cni-y-su-candidata-presidencial-en-el-marco-de-la-guerra-de-trump-contra-las-mujeres-en-general-y-contra-las-mexicanas-en-particular/). 

El nombramiento de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena de Gobierno y candidata a la presidencia de la república en 2018, no es un hecho menor para un país cuyo gobierno mantiene una guerra de exterminio contra los pueblos originarios, y cuya violencia feminicida reporta una de las tasas más altas del mundo. La vocería de una mujer indígena en un país neoliberal, profundamente racista y patriarcal, tiene, por sí solo, un valor inherente: representa una transgresión de amplio espectro contra ese orden racista-patriarcal. “Que retiemble en su centro la tierra”, han expresado los indígenas zapatistas, recogiendo un verso del himno nacional.

María de Jesús Patricio Martínez no aspira a competir electoralmente, o a tomar el aparato de estado para cambiar “de arriba abajo” el mundo. No. María de Jesús es sólo una recipiendaria de un poder popular indígena, que acude (sin invitación) a la fiesta de los políticos profesionales, gestores del poder de arriba y el dinero sin fronteras. El propósito de la candidatura indígena es poner en circulación la palabra de las resistencias en México, y conminar al autogobierno; llamar a la organización de los pueblos originarios y la sociedad para detener la destrucción de los territorios, y desmontar la fachada democrática que oculta la intensificación del racismo y el sexismo. En suma, exhortar a construir desde abajo y a la izquierda, y “estropear” –han dicho ellos– la verbena electoral de los poderosos. 

En 2001, el Subcomandante Marcos narró: 

“Un grupo de jugadores se encuentra enfrascado en un importante juego de ajedrez de alta escuela. Un indígena se acerca, observa y pregunta que qué es lo que están jugando. Nadie le responde. El indígena se acerca al tablero y contempla la posición de las piezas, el rostro serio y ceñudo de los jugadores, la actitud expectante de quienes los rodean. Repite su pregunta. Alguno de los jugadores se toma la molestia de responder: “Es algo que no podrías entender, es un juego para gente importante y sabia”. El indígena guarda silencio y continúa observando el tablero y los movimientos de los contrincantes. Después de un tiempo, aventura otra pregunta “¿Y para qué juegan si ya saben quién va a ganar?”. El mismo jugador que le respondió antes le dice: “Nunca entenderás, esto es para especialistas, está fuera de tu alcance intelectual”. El indígena no dice nada. Sigue mirando y se va. Al poco tiempo regresa trayendo algo consigo. Sin decir más se acerca a la mesa de juego y pone en medio del tablero una bota vieja y llena de lodo. Los jugadores se desconciertan y lo miran con malestar. El indígena sonríe maliciosamente mientras pregunta: “¿Jaque?”. (Palabra Zapatista 12-III-2001). 

La candidatura de una mujer indígena es el “jaque” que pone en aprietos al rey. 

sábado, 1 de julio de 2017

Siete razones para apoyar la propuesta del CNI-EZLN

Gilberto López y Rivas
La Jornada

Desde que se hizo pública la propuesta consensada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de integrar un Concejo de Gobierno Indígena para México, cuya vocera será registrada como candidata independiente para las elecciones presidenciales en 2018, varios de los adherentes a la Sexta Declaración, nos hemos dado a la tarea de participar en mesas redondas, conversatorios y talleres, para reflexionar, analizar, exponer, y desde luego, debatir, esta singular acción política, en sus múltiples dimensiones, retos y compromisos. 

Se trata de una más de las iniciativas que provienen del mundo indígena, y, en particular, del zapatismo y su entorno cercano, con el objetivo de articular las resistencias, desde abajo y a la izquierda, para enfrentar esa tormenta de alcances civilizatorios que constituye la actual mundialización capitalista y que se expresa en una recolonización y guerra de conquista de territorios, recursos naturales, seres humanos desechables, destrucción de la naturaleza, mismas que están llevando a la especie humana y las formas de vida conocidas a las derivas de su posible extinción. Esto es, la lucha actual de los pueblos indígenas y no indígenas sobrepasa los esquemas gastados y despojados de contenido de izquierda y derecha, y se sitúa en la dicotómica posición de estar por la vida o por la muerte. Rosa Luxemburgo, que no vivió la pesadilla del nazi-fascismo ni la de la actual forma de acumulación capitalista delincuencial y militarizada, planteaba ya hace más de un siglo la disyuntiva de socialismo o barbarie. 

En este contexto, ¿cuáles son algunas de las razones para asumir como propia la propuesta del CNI-EZLN?: 1. Es una idea discutida a profundidad por las comunidades mayas zapatistas, y posteriormente, por las más de 40 expresiones de los pueblos originarios que integran el CNI. No es fruto de un grupo de notables que piensan por los demás, sino resultado de las deliberaciones horizontales de innumerables asambleas que la analizaron hasta llegar a su aprobación, bajo uno de los principios del mandar obedeciendo: convencer y no vencer. No es una ocurrencia de una determinada persona, ni tiene promotores ocultos gubernamentales que la izquierda institucional y el anonimato de las redes sociales pretenden denunciar. 

2. La integración de un Concejo Indígena de Gobierno para México se sustenta en varias décadas de experiencias autonómicas de facto, en toda la geografía de nuestro abatido territorio nacional, que contrastan notoriamente con los corruptos, deslegitimados y desacreditados gobiernos en sus tres niveles y poderes de la partidocracia, que han producido un hartazgo ciudadano y una crisis profunda de la llamada democracia representativa. Es evidente que el grupo actualmente en el poder no representa los intereses del pueblo y de la nación mexicanos, y conforman gobiernos de traición nacional que han renunciado al ejercicio de la soberanía, y entregado el país, su territorio, mano de obra y recursos naturales y estratégicos a las corporaciones capitalistas trasnacionales, y se han sometido dócilmente a la dominación económica, política, ideológica y militar de EU, brazo armado hegemónico del imperialismo mundial. El Concejo Indígena de Gobierno y lo que resulte del mismo, es el embrión de la representación y soberanía popular-nacional, a partir de lo que establece el artículo 39 de la Constitución, todavía vigente. 

3. El Concejo de Gobierno y la candidatura independiente de la compañera María del Jesús Patricio Martínez provienen del sector de los explotados, oprimidos y discriminados que ha forjado a lo largo de estas décadas una estrategia de resistencia contra el capitalismo, la autonomía, la cual instituye, a la vez, una práctica de gobierno y hacer política radicalmente distinta a la que conocemos, sin burocracias, intermediarios, políticos profesionales y caudillos. Pese a la precariedad estructural, la guerra contrainsurgente de desgaste, los paramilitares, el crimen organizado, la represión y la criminalización de sus luchas, estos autogobiernos han mostrado su capacidad para organizar a los pueblos en un proceso de reconstitución, toma de conciencia, participación de mujeres y jóvenes, fortalecimiento de identidades étnico-culturales, nacionales y de clase, mediante la apropiación colectiva y autónoma de la seguridad comunitaria, la impartición de justicia, la salud, la educación, la cultura, la comunicación y las actividades económicas y productivas, así como la defensa del territorio y sus recursos naturales. 

4. En un país en el que reina la corrupción y el cinismo generalizado de la clase política, la propuesta indígena se fundamenta en la notable congruencia ética de sus postulantes. Tanto el EZLN como el CNI han practicado por décadas lo que predican, y han hecho realidad los principios de no venderse, no claudicar, no traicionar, no suplantar ni aprovecharse de las luchas de otros. El para todos, todo, para nosotros, nada, es una realidad a lo largo de todos estos años. Estas organizaciones han estado estableciendo el poder popular del mandar obedeciendo, sin pedir nada a cambio y, pese a las difíciles condiciones de vida, se han solidarizado con todas las luchas de los de abajo. 

5. La candidatura de una mujer indígena va más allá de una política de cuotas y de posiciones feministas que no toman en cuenta la triple opresión que han sufrido las mujeres indígenas y la especificidad cultural en la que demandan derechos plenos. Se sitúa como una clara respuesta al patriarcalismo imperante, desde una política de genero de nuevo cuño, cuyo origen lo encontramos en la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN. 

6. Es una propuesta incluyente, no sólo de los indígenas y con los indígenas, que hace suyas las reivindicaciones de todos los explotados, oprimidos y discriminados de la tierra, sin importar sus orígenes étnico-nacionales y sus características culturales. No es una propuesta esencialista o etnicista. Los destinatarios de la misma son todos los pueblos de México, incluyendo el de la nacionalidad mayoritaria. Ese mundo donde cabemos todos y todas. 

7. La iniciativa no divide a la izquierda partidista; como lo señala Paulina Fernández, la exhibe, y añadiría, en todo su racismo y sus miserias.

viernes, 23 de junio de 2017

Luis Videgaray o el suicidio del PRI o la entrega de México a Estados Unidos

En Brasil, se usa decir: “No pasarán”. Y se usa por la población para decir que “no pasarán” los fascistas y golpistas. Es decir, que no triunfarán las fuerzas del fascismo inoculado en ese país y otros del cono sur (Venezuela es el caso más agravado). Y uso la consigna para decirles a esos a cuyas personas alude este artículo que en México “no pasarán”. No pasarán los Videgaray, ni los Trump, ni los Calderón, ni los Bush, ni los Salinas de Gortari, ni los Clinton. En 2018, a México le espera un duelo contra las añejas, corruptas y beligerantes castas políticas nacionales. 

En la última publicación, se advirtió acerca de eso que un escritor uruguayo llamó “el suicidio de los partidos políticos” (http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/06/el-suicidio-de-los-partidos-politicos-o.html). Y eso es exactamente lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018: la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional (inclúyase las ramificaciones caleidoscópicas de pelaje azul o amarillo o verde). El PRI-partido firmó anticipadamente su carta de defunción en 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El funeral es el próximo año (2018). 

Históricamente, “el Partido” (como lo conocen sus prosélitos) definió las formas y fórmulas de la política en México. La totalidad de las decisiones de interés político discurrían por los canales del partido. A diferencia de otros países homólogos (Latinoamérica), en México el significante material e inmaterial de la política no recayó exactamente en la figura de un líder bonapartista-caudillista (como Perón en Argentina o Getulio en Brasil). En México, la soberanía política del siglo XX descansó en el Partido Revolucionario Institucional (esa entelequia decadente que el no tan nobel Mario Vargas Llosa llamó la “dictadura perfecta”, acaso la única contribución valiosa que aportó ese inescrupuloso escritor al análisis de la región). El campo político en el que se dirimió la cosa pública durante un centenar de años en México fue el PRI. Esta institución, que constituía el pivote del sistema político, contó con facultades metalegales extraordinarias: por ejemplo, la elección del “candidato-presidente”, que por muchos años fue una decisión exclusiva del partido, aún durante la mal llamada “transición democrática” (que en nuestro país consistió en un tránsito pactado de un centro-derecha a una derecha confesional sin recatos de clase). 

Pero la evidencia sugiere que eso llegó a su fin. El PRI está en agonía pre mortem. Y la estocada final es 2018. 

Pero cuidado: esa muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever, aunque absolutamente deseable); ni tampoco por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte (y que perdura en no pocas esferas de la política nacional). El PRI-partido murió porque perdió esa “facultad metalegal” otrora incontestada: la selección del “candidato-presidente”. A partir de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido: lo elegirá Estados Unidos. 

Por eso la carrera por “la candidatura” discurre por otros canales. En el presente, competir por la presidencia en México involucra esencialmente hacer campaña en (con) Estados Unidos. El guiño y los amarres no apuntan a los correligionarios del partido. El “lobby” tampoco contempla el longevo imperativo de conseguir la aprobación de las diferentes fracciones intestinas. Las “camarillas” están desdibujadas, y mudan sus “lealtades” con más promiscuidad que las componendas matrimoniales de “La Gaviota” (de acuerdo con el testimonio de las malas lenguas). Y en ese río revuelto, los más astutos e innobles perfilan aspiraciones presidenciales, naturalmente cosechando simpatías con el soberano en turno: Washington. 

Y adivinen quién es el puntero: sí, el secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray Caso. 

Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del “muro Trump”; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de “encomendero” de la “era global”, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: “El México neoliberal itamita y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala” (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017). 

Cabe recapitular lo sostenido en otra oportunidad: 

“Al gobierno de México lo único que le preocupa es la renegociación del TLCAN. Y es absolutamente omiso con las deportaciones masivas y la fractura de familias mexicanas que está teniendo lugar en Estados Unidos. La suerte de los migrantes nunca fue de ningún interés para las elites gobernantes: el TLCAN que esas propias elites firmaron, expulsó a millones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahora que están a punto de sufrir una segunda expulsión, de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano está cruzado de brazos, haciendo como que la virgen le habla, y renegociando humillantemente un tratado que dejó muerte y destrucción en suelo nacional… En materia política, el ascenso de Trump dejó huérfanas a las élites gobernantes. No tienen fuerza ni siquiera para movilizar populistamente a la población. Por añadidura, México no cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos. El TLCAN fue un harakiri político: la clase política en México eligió el proyecto con base en la geografía y por oposición a su historia y cultura. El Estado no tiene brújula, no tiene dirección. La política exterior es de persistente deshonra y humillación: el alto funcionariado mexicano lanza gestos de amistad a un gobierno –el de Estados Unidos– que responde con aspavientos de enemistad e insulto llano. México es un peón acasillado” (Leer artículo completo en http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/04/que-significa-el-triunfo-de-donald.html). 

Si el proyecto de “nación” es la entrega de la nación a Estados Unidos, Luis Videgaray es la figura política más calificada para tomar las riendas de ese continuum. La muerte anunciada del PRI le confiere algunas libertades para despreciar al partido, y posicionarse –no sin recato– frente a la metrópoli: “(…) El canciller tiene que dedicarse de tiempo completo a esto (de renegociar el TLCAN) y mantener la neutralidad política… Tengo una militancia de la cual estoy muy orgulloso pero que no ejerzo, estoy dedicado a ser canciller… Tengo mi militancia guardada en un cajón” (El Universal 26-V-2017). 

Pero en Estados Unidos están preocupados por la elección de 2018 en México. En abril del año en curso, el senador republicano John McCain dijo: “Si las elecciones fueran mañana en México, probablemente se tendría a un antiestadounidense de ala izquierdista como presidente de México. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos”. Y, para redoblar la consternación con guiño cómplice a las élites mexicanas, el secretario de seguridad interior, John Kelly remató: “No sería bueno para Estados Unidos ni para México” (El Financiero 5-IV-2017). 

No debe asombrar a nadie que desde Washington dispongan nombrar a Luis Videgaray como candidato para la elección presidencial de 2018. Hasta ahora, el secretario de relaciones exteriores ha sido su más fiel acólito y operador. 

El PRI está en la antesala del suicidio. Estados Unidos necesita neutralizar políticamente a México. La inercia anexionista es arrolladora. El puntero en las preferencias electorales de 2018 es “un antiestadounidense de ala izquierdista” (sic). Y Washington está intranquilo. 

No pasarán.


Brasil y el Cono Sur en la geopolítica estadounidense

Silvina Romano y Amílcar Salas Oroño

El Atlántico Sur: del PreSal a Las Malvinas

La mega causa del Lava Jato, que ha puesto en jaque a Brasil en una aparente “limpieza” anti-corrupción, ha atacado (no casualmente) a los principales exponentes del Partido de los Trabajadores, en particular a los ex presidentes Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Se ha escrito bastante ya sobre lo que subyace a este proceso de lucha contra “la corrupción” (léase: la lucha contra el Estado y lo público, etc.), en particular, al modo en que se relaciona con los intereses de petroleras estadounidenses de tener una participación más protagónica y directa en la explotación de las enormes reservas submarinas de gas y petróleo en aguas del Atlántico, el yacimiento del PreSal [1], cuya producción estaba –hasta hace poco– prioritariamente en manos de la petrolera nacional Petrobras. La importancia de estas reservas se dimensiona cuando se conocen los operativos de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, focalizados en Petrobras –hackeando las computadoras de la empresa e interceptando sus conversaciones telefónicas [2]. A esto se suman probados encuentros entre el embajador estadounidense en Brasil y CEOs de otras empresas petroleras, en los que se desliza la necesidad de presionar a favor del cambio de la legislación en hidrocarburos a los fines de quitarle el monopolio a Petrobras, datos que están a disposición en los documentos de wikileaks.

Los mismos documentos muestran que el PreSal –una de las mayores reservas de petróleo en aguas profundas descubiertas en el siglo XXI– no es la única reserva preciada en el Atlántico, espacio considerado por algunos expertos como “una mina de oro” para la industria petrolera. Recordemos que en el 2011 la Rockhopper encontró una reserva calculada en 1.4 mil millones de barriles de petróleo en la cuenca de las Islas Malvinas, bajo control británico (espacio en disputa histórica con la Argentina, particularmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner). Esto aparece también en los documentos filtrados por wikileaks relativos a Brasil y la actuación de la empresa Stratfor entre 2004 y 2011 [3] –empresa de análisis de inteligencia y seguridad internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales [4]. Uno de los analistas de Startfor comentaba con asombro el apoyo de Brasil a Argentina en el contexto de disputa por las Malvinas frente al Reino Unido, además de recalcar que “Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico del Sur es un Amazonas azul y que ningún país del Norte debe ocuparlo (…) Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a Las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Pres-Sal” [5]. En otro mail secreto, la empresa Stratfor advertía a sus investigadores: “Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década. De modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés [6]”. Por ejemplo, lograr que las empresas de armas de EEUU fueran las proveedoras.


Otro aditivo es que el fundador de Stratfor, George Friedman, en su libro The Next Decade (2012) advertía que Brasil en sí mismo no era una amenaza para los EEUU, pero que podría representar un desafío económico en caso de lograr un mayor desarrollo de su poderío naval y aéreo, extendiendo así su control sobre el Atlántico Sur, hasta las costas de África. El “experto” recomendaba al gobierno estadounidense que procurara un acercamiento a Argentina para contrabalancear el liderazgo de Brasil, pero incluyéndolo en los programas a nivel latinoamericano, cuestión que además ayudaría a contrarrestar a Chávez en Venezuela. Aclaraba que la estrategia “costará dinero, pero será más barato que enfrentar a Brasil en el 2030 o 2040 por el control del Atlántico Sur” [7]. Esto explica, también, el acercamiento estadounidense con varios políticos argentinos que, posteriormente, serán claves en la victoria electoral de Mauricio Macri en el 2015, como lo explicita propiamente wikileaks.

Como factor fundamental de este panorama geopolítico, no debe dejarse de lado que desde 2009 se supo que los EEUU estaban “aumentando su potencial para ataques nucleares y no nucleares en América Latina y el Caribe, adquiriendo una libertad de acción sin precedentes en siete nuevas bases militares, navales y aéreas en Colombia” [8]. A este dato, se agregaba el regreso del “patrullaje” de la Cuarta Flota (incluyendo los submarinos nucleares militares Polaris). Este despliegue fue explicado en su momento, no solo por el hecho de que la mitad del petróleo de EEUU proviene de América Latina, sino que según las FFAA estadounidenses, avanzar territorialmente en espacios estratégicos resultaba clave “en una región de nuestro hemisferio donde la seguridad y la estabilidad está bajo constante amenaza… por parte de gobiernos anti-EEUU”[9]. Ambas “amenazas” son una preocupación constante, más allá de la escasa o inusual presencia de América Latina en la agenda oficial del Departamento de Estado estadounidense.

Defensa y desarrollo tecnológico nacional

El presidente Lula en varias oportunidades advirtió sobre la necesidad imperiosa de proteger el Amazonas y las reservas de petróleo en aguas marinas, así como la importancia de aumentar la proyección diplomática y militar de Brasil a nivel regional [10]. En esta clave, por ejemplo, se impulsó el desarrollo del sector nuclear, incluyendo un programa de construcción de submarinos nucleares, el ProSub (Programa de Desarrollo de Submarinos). En 2008, Brasil firmó un acuerdo de defensa con el gobierno francés y se embarcó en la compra de cuatro submarinos diesel-eléctricos y la asistencia en la construcción de un submarino de propulsión nuclear que sería desarrollado en una joint venture entre la francesa DCNS y Odebrecht SA (empresa de construcción e ingeniería brasileña), que comenzaron a trabajar en conjunto en un astillero de la Marina en Río de Janeiro [11]. Esto, en un contexto en que Odebrecht SA fue estrechando vínculos con los gobiernos del PT, participando en diferentes proyectos, incluso en la expansión realizada por la propia Petrobras.

Desde un inicio, el interés fue adquirir el know-how para la construcción de los submarinos a nivel nacional, disminuyendo la dependencia respecto de constructoras extranjeras [12]. El financiamiento de 3.2 mil millones de dólares, dio cuenta del empuje real que buscó darse al desarrollo de tecnología nuclear, remitiendo de algún modo a la experiencia de Embraer y el desarrollo aeronáutico [13].


El desarrollo nuclear brasileño data desde finales de los ’70 y está fuertemente ligado a la industria militar, pues fue con el proyecto Aramar que la Marina se encargó de desarrollar (no sin contratiempos) la energía nuclear desde 1979 [14]. Teniendo en cuenta ese antecedente, vale aclarar que la estrategia de defensa nacional del primer gobierno de Lula exponía que los objetivos de la industria militar estaban orientados a lograr transferencia tecnológica y desarrollar la industria de manufactura nacional, procurando controlar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política nacional.


Los proyectos incluyen la producción de energía eléctrica, el enriquecimiento de uranio, la construcción de un submarino nuclear, acondicionar un astillero para submarinos y una base naval [15]. Estos emprendimientos han implicado no solo desarrollo en ciencia y tecnología sino un importante desarrollo infraestructural, así como la creación de fuentes de trabajo. Como declaró el entonces Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Lula, Roberto Amaral “cuando desarrollas submarinos, se desarrolla al mismo tiempo física, matemática e ingeniería” [16].

Se calculó que en el ProSub participarían más de 30 empresas brasileñas, que proveerían de 36 mil productos, incluidos sistemas complejos. Se estimaba que la construcción y manutención de bases submarinas generaría 2 mil puestos de trabajo directos y 6 mil puestos indirectos [17]. Un ejemplo concreto es que en 2013, la Unidad de Fabricación de Estructuras Metálicas (UFEM) quedó formalmente implicada en la construcción de cascos metálicos para las plataformas [18]. Esto debe enmarcarse en un escenario en el que Brasil – siguiendo una determinada tradición de desarrollo– ha compuesto un complejo tecnológico/industrial de envergadura en determinados sectores, como por ejemplo el de la aviación (Embraer), producto de la coordinación de diferentes ámbitos y esferas estatales, científico-universitarias, militares, empresariales, etc. Tal avance fue promovido, al mismo tiempo, gracias a la existencia de ciertos diseños jurídicos que lo han posibilitado, en donde la esfera estatal tiene un protagonismo clave; el complejo industrial en torno al ProSub quizás también deba ser comprendido en esta posibilidad, no necesariamente presente en otros países del Cono Sur.

Estabilidad política y disputa de soberanía: Brasil y Venezuela.

Unos meses antes del golpe “parlamentario” a Dilma Rousseff (2016), en un evento sobre petróleo llevado a cabo en un think-tank estadounidense muy influyente, el Center for Strategic and International Studies (CSIS), los expertos “predijeron” (o anunciaron) que Rousseff no llegaría a finalizar su mandato, debido a la crisis económica y las investigaciones por corrupción que involucraban a Petrobras y al Partido de los Trabajadores [19]. En el mismo encuentro, representantes de Medley Global Advisor (NY) exponían con claridad que lo que “realmente se necesita tanto en Brasil como en Venezuela es la estabilización política antes de una estabilización económica”. En el caso de Brasil, se dejaba en claro que el problema era la “incapacidad” e “ineficiencia” de Petrobras de explotar la cantidad de reservas (sobre todo las del PreSal), de modo que planteaban la inminencia de “nuevas leyes” para que el sector privado pudiera intervenir con mayor protagonismo en el proceso de extracción, transporte, etc. de hidrocarburos en Brasil (ley que fue enmendada inmediatamente luego del derrocamiento de Rousseff).

En el caso de Venezuela, se advertía en el encuentro del CSIS, que si bien Estados Unidos estaba en un momento muy positivo en la producción de crudo debido al impulso del fracking, eso no debía ocultar el hecho de que los “300 mil millones de barriles de reserva que tiene Venezuela no sean atractivos a inversores extranjeros, en un escenario político más estable” [21].

Aquí vale señalar dos cuestiones. La primera es que, precisamente, los gobiernos progresistas en Brasil y Venezuela han experimentado una dura arremetida de la oposición y de las derechas, que en el caso de Brasil, conllevó al derrocamiento de Rousseff y en el caso de Venezuela a una escalada en los métodos de desestabilización e implementación de violencia. La segunda, es la relación entre estabilización política y presencia de Fuerzas Armadas estadounidenses en la región.

Con respecto a este último punto, hay que destacar que en el escenario de debilitamiento y crisis política y económica, se ha notado un mayor protagonismo de Brasil en los programas del Comando Sur: en 2015 fue el anfitrión del ejercicio UNITAS y en 2016 Brasil fue el que subcomandó el PANAMAX 2016–Multi-National Forces-South [22]. En el segundo mandato de Rousseff hubo mayores acercamientos, y luego del golpe, los lazos se han estrechado. En marzo de 2017, el Ejército de los EEUU inauguró un centro de tecnología en São Paulo para “asociarse con Brasil en proyectos de investigación enfocados en la innovación” y el Ministerio de Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa de los EEUU firmaron el Convenio para Intercambio de Informaciones en Investigación y Desarrollo, el MIEA (Master Information Exchange Agreement) [23].

Por otra parte, las Fuerzas Armadas brasileñas invitaron a tropas de los EEUU para participar de un ejercicio militar “inédito” en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia (para octubre 2017) en un escenario de escalada de la violencia en Venezuela, agravado por información que da cuenta que desde hace varios años, el Comando Sur maneja diversas alternativas para una posible intervención en Venezuela [24]. Esto, a su vez, opera en un contexto en el que las FFAA de EEUU mantienen programas de entrenamiento a lo largo y ancho de la región: a inicios de junio en el marco del programa Trade Winds 2017 del Comando Sur, se iniciaron ejercicios conjuntos nada más y nada menos que en la Cuenca del Caribe (junto a Venezuela), con 2500 militares de diferentes países de la Cuenca, así como personal de países Europeos y Norteamericanos, con el objetivo de “aumentar la cooperación multinacional compleja en operativos de seguridad, asistencia humanitaria y operaciones en respuesta a desastres”. La última fase de los ejercicios conjuntos consiste un “Seminario de liderazgo” con el Comando Sur en Miami [25], que presumiblemente tendrá un alto contenido político-ideológico camuflado en objetivos de “seguridad hemisférica”.

Si bien los ejercicios militares conjuntos, o la “cooperación internacional” en estas áreas viene operando desde hace varias décadas, se trata de una “red” que parece estar en una fase de expansión y consolidación (mientras que en otras etapas estuvo más latente), materializada en la presencia -más o menos permanente- de las FFAA estadounidenses en territorios del Cono Sur. Esta “red” se actualiza últimamente también, por ejemplo, mediante las “cooperaciones” en materia judicial-investigativa, que desde el Departamento de Justicia de EEUU (en triangulación con agencias vinculadas, como NSA, FBI o CIA) interfieren sobre la jurisdiccionalidad estatal brasileña.

La desarticulación de la economía nacional

Las numerosas afirmaciones (infundadas) sobre la ineficiencia de Petrobras para hacerse cargo de la explotación del PreSal y la presión de empresas (junto y a través de sectores opositores al gobierno del PT) parecen haber encontrado (¿inducido?) un escenario propicio en la crisis generada por la Investigación Lava Jato, una mega causa judicial en buena medida organizada y auditada por el Departamento de Justicia de EEUU. Por ejemplo, el desarrollo del ProSub quedó en aparente suspenso luego de que “El Padre del desarrollo nuclear brasileño”, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a 43 años de cárcel (una cantidad de tiempo ciertamente llamativa, considerando que empresarios implicados en esa misma causa lograron reducir sus penas gracias al sistema de “delación premiada” a 6 años, y el menos favorecido estará 20 años preso) [26] por estar implicado en actos de corrupción durante la construcción de la usina nuclear Angra 3 [27]; la principal contratista del programa era Odebrecht SA [28]. Una circunstancia enmarcada en la que Petrobras –que fue en algún momento “el orgullo brasileño”–[29] pasó a influir sobre el debilitamiento de la economía brasileña que, como se ha planteado, afecta profundamente diversos planos a la vez, y en términos estratégicos, el propio desarrollo en ciencia y tecnología, muy vinculado a los rubros de petroquímica, ingeniería y construcción.

La cantidad de funcionarios procesados, el impeachment a Dilma Rousseff y las acusaciones realizadas al mismo Michel Temer, llevaron a un escenario de inestabilidad casi permanente –que se refuerza con el reciente fallo de la Corte Electoral a favor de que Temer conserve su cargo, mostrando de paso la escasa “imparcialidad” de la justicia [30]. Lo preocupante es que en medio de las turbulencias, en lo que va de este interinato de M. Temer, queda claro un nuevo panorama: los sectores estratégicos de la economía nacional brasileña (petróleo, ingeniería, construcción y, ahora, proteína animal) están en metamorfosis estructurales vertiginosas, con secuelas para la soberanía del país.

Si bien algunas fuentes afirman que “a pesar de la crisis política, la Marina brasileña continúa con el proyecto de construcción de submarinos” [31], en caso de que así sea, se abre el interrogante de cuánto de este desarrollo se dará en el marco de la ciencia y tecnología a nivel nacional, ahora que se ha quitado el monopolio a Petrobras (en un camino hacia su eventual privatización) y Odebrecht está prácticamente fuera de juego. ¿De dónde saldrán los contratistas?

Notas: