viernes, 8 de diciembre de 2017

10 tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera es un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria. 

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar. 

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada. Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío. 

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo. 

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo”, que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

viernes, 1 de diciembre de 2017

La otra historia del narcotráfico (I)

A propósito de un artículo publicado en la edición nacional de La Jornada (“La verdadera historia del narcotráfico”: http://bit.ly/2k9eZvc), cuyo empeño es a todas luces meritorio justamente porque da cuenta de una intencionalidad por resignificar una historia que en México tiene una actualidad determinante y atroz, juzgué oportuno adherir esa iniciativa de reinterpretación histórica e historiográfica, aportando algunas reflexiones e hipótesis sobre el tema. 

1. Para la reconstrucción de una otra historia del narcotráfico en México, la primera condición es distinguir entre “drogas” y “narcotráfico”. “Droga” es una sustancia psicoactiva utilizada con fines terapéuticos o lúdicos, legal o ilegal. Y “narcotráfico”, en su acepción más básica o general, es un campo de prácticas ilegales que involucra a una multiplicidad de actores institucionales y/o criminales, y cuyo corazón no es la droga (aún cuando tiene una relación tangencial), sino la gobernabilidad (interacción entre el Estado y actores no estatales; construcción del orden social) y los mercados (arena en la que discurren las transacciones de procesos-bienes-servicios y la apropiación de plusvalías). Ergo, la causa decisiva de la situación delincuencial (narcotráfico) es la situación económico-política. La historia que recoge la bibliografía especializada es la historia de la droga, no la del narcotráfico. 

2. Porque aun cuando aquellos trabajos históricos documenten la emergencia de organizaciones criminales dedicadas al negocio de la droga, el problema radica en que a menudo presentan a la propia droga o a los “barones de la droga” (capos) como el factor determinante del narcotráfico. La omisión o inadecuada jerarquización de la “multiplicidad de actores” que intervienen en el narcotráfico se tradujo en una fetichización de este objeto de análisis, en la que los actores de reparto (capos de la droga) reciben tratamiento de protagonistas (frecuentemente homenajeados sin ningún rubor). Hasta un análisis epidérmico permite advertir que no existe un sólo capítulo de esa historia que no esté atravesado determinantemente por la acción del Estado, y que, en la actualidad, es difícil identificar una sola institución de Estado que no esté operativamente articulada al narcotráfico. En este sentido, es posible señalar que en el México posrevolucionario y hasta nuestra época, la tendencia prevaleciente ha sido el engarce de instancias institucionales con el narcotráfico. Por la presencia crucial de los actores institucionales en la maquinación delincuencial de los cárteles de la droga, y por la persistencia de ilegalismos tan estrechamente acoplados a la institucionalidad, una otra historia del narcotráfico debe situar en el centro del análisis a los actores institucionales que habitan en las estructuras formales, y no a los irrelevantes capo di tutti capi que no son más que empleados de los centros de autoridad y poder institucionalizados. 

3. La mayoría de los trabajos históricos coinciden en señalar que un aspecto toral en la proliferación del narcotráfico en México es la relación de los actores criminales con “algunas fracciones de la clase política”. Pero tal premisa, si bien es imposible refutar, es insuficiente y engañosa. Que existen figuras políticas envueltas en el narcotráfico es una obviedad (por cierto, ampliamente documentada). La pregunta que debe responder un trabajo histórico genuino no es solamente qué actores o factores intervienen, sino también, y acaso fundamentalmente, cómo intervienen esos actores o factores. Porque la clave radica en jerarquizar la evidencia y la información, y descubrir el proceso real del narcotráfico, y no sólo identificar a “ciertos políticos corruptos”. Esa descripción que hacen no pocos autores acerca de la relación –casi accidental, según esos relatos– entre “algunos” políticos y los jefes de la droga es la pura envoltura mística. Hasta ahora nadie escribió una historia del narcotráfico.


domingo, 5 de noviembre de 2017

Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima

¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? 

Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció. 

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP). 

Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año. 

Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente, e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil. 

Por cierto que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23). 

A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada. 

La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley. 

De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente): 

1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada 

2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada 

3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo 

4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos 

5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses 

6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas 

7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC). 

Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.


domingo, 22 de octubre de 2017

México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

Llama la atención que en los prolegómenos de la elección de 2018 el “lopezobradorismo” consideré un enemigo (en el más disparatado de los casos) o una farsa (en el más “cordial” de los casos), a la candidatura indígena que impulsan conjuntamente el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Escandaliza que una fuerza política que ha sido injustamente satanizada hasta el hastío, emule esa misma arbitrariedad para atacar a un movimiento social que ha sido el máximo referente de la lucha política autonómica en México y el mundo. Es cierto que la relación del “lopezobradorismo” con el zapatismo tiene una historia de desencuentros. Pero elevar estos desencuentros a rango de agenda de campaña –como han hecho algunas fracciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– es acaso tan tóxico para la política del país como las coaliciones que desde la partidocracia se conciertan para obstruir la añorada democratización del poder público. 

La pura idea (a todas luces falsaria) de que el zapatismo es responsable de las derrotas electorales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atenta contra el propio andamiaje discursivo del “lopezobradorismo”, cuya principal divisa es que la fuente de los males nacionales es la “captura” de las instituciones por “la mafia en el poder”. Esa misma “mafia” que, por cierto, persigue a sangre y fuego a las comunidades indígenas, especialmente las que habitan en los territorios autónomos de Chiapas. 

Por añadidura, todos en México saben que AMLO ganó dos elecciones presidenciales consecutivas, y que las fracciones dominantes de la élite política acudieron a la manipulación del cómputo y la compra de votos para alterar a su favor los comicios. E incluso los adherentes del zapatismo han denunciado sistemáticamente esos fraudes. 

En este sentido, el rencor que se aloja en las descalificaciones que enarbola el “lopezobradorismo” contra la candidatura indígena responde, a nuestro juicio, a dos razones: uno, a los dolorosos e injustos descalabros electorales del pasado, que produjeron un profundo traumatismo en la militancia lopezobradorista (y en el electorado en general); y dos, a un ardid inoculado desde el “estado profundo” para rivalizar a la oposición política en el país, e infectar la conciencia nacional con la fórmula acostumbrada del Partido Revolucionario Institucional (PRI): el divisionismo. Duele observar que esos mexicanos con los que alguna vez compartimos el dolor de la “insoportable persistencia del fraude” hoy se enfrasquen en una reyerta estúpida con nuestros hermanos indígenas, presuntamente porque ellos –los indígenas zapatistas– representan “una maniobra para hacerle el juego al gobierno” (dixit). Qué ignorancia supina. No se dan cuenta que ellos sí le “hacen el juego al PRI” al apuntar su arsenal de “críticas” contra ese actor –el zapatismo– que ha sido un agente de transformación de conciencias, y acaso el más efectivo antídoto contra el “priísta” que todos llevan dentro. 

Y lo que es peor aún, ni por un criterio llanamente estratégico desisten de atacar a la candidatura indígena. Si la militancia de Morena tuviera un poco más de sagacidad e inteligencia, aplaudiría la incorporación del zapatismo a la tribuna electoral, porque eso significaría un corrimiento a la izquierda de eso que llaman la “posición consensual” o “justo medio” (centrismo). La más primaria de las teorías políticas previene acerca de esa intrínseca tendencia hacia el centrismo que registran los sistemas de partidos. Y es claro que una irrupción del zapatismo en la arena electoral contribuiría a desplazar el “centro” hacia la izquierda, naturalmente en beneficio de la opción electoral de “centro-izquierda” –es decir, Morena–. Pero ni eso alcanzan a discernir en las filas del “lopezobradorismo”. 

Prefieren –las huestes de Morena– continuar ceñidos al guion de la descalificación. En un arrebato de estulticia mayúscula, algunos han dicho que la candidatura indígena es fruto de la “moda” (¡sic!). Sin reparar mucho en esta miserable provocación, cabe tan sólo recordar que en nuestra época la “moda” más extendida es la “opiniomanía” o “comentocracia”, es decir, la usanza de enunciar chapucerías sin ningún reparo ni rendición de cuenta, y no por eso se le pide a la gente que deje de hablar. Decir que algo está “a la moda” sólo por desautorizar al adversario, es igual de canalla que usar el vocablo “populismo” para desestimar a un rival político incómodo. Y el “lopezobradorismo” sabe de esto. 

Nietzsche advirtió: “Aquel que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo en el proceso. Y si te quedas contemplando un abismo el tiempo suficiente, el abismo contemplará tu interior”. 

Cuidado Morena.


Leer también:


I. México 2018 [I]: la izquierda se levanta

II. México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

viernes, 13 de octubre de 2017

México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

El mundo está atento al acontecer político de México. Las elecciones presidenciales de 2018 presentan elementos inéditos. En el renglón cultural, México está en una situación de desgarramiento sin parangón: por un lado, una antimexicanidad inoculada desde la vecindad del norte (el gobierno en turno de Estados Unidos), y por otro, una resignificación de la mexicanidad impulsada desde el sur nacional (las comunidades indígenas nucleadas en Chiapas). En el renglón político, la rasgadura no es menos insondable: por un lado, el priísmo colonial, y por otro, el zapatismo decolonial, llegan a la elección de 2018 en su estado más maduro. Estas contradicciones agravadas hacen necesario redoblar los esfuerzos de análisis y participación. 

En otros países, los analistas de la política acostumbran decir que la situación de México es singular; que, si bien es cierto que las estadísticas en materia de derechos humanos reportan una crisis humanitaria, la singularidad del caso (notoriamente en contraste con las dictaduras militares en otras regiones de Latinoamérica), radica en que este orden de terror discurre en “democracia”. En este espacio, no obstante, hemos insistido que la trillada distinción entre democracia y dictadura es una pura formalidad; que las “democracias realmente existentes” encierran altos contenidos de totalitarismo; y que, en México, la singularidad –a menudo obviada– es que el narcotráfico es clase gobernante, que es una modalidad de gobierno que emula fórmulas “no convencionales” –tributarias de las juntas militares– en el ejercicio del poder público (militarismo; terrorismo de Estado; organización criminal de la política etc.). México es una dictadura delincuencial. Y ningún observador decente puede objetar seriamente este hecho. 

La comandancia en jefe de este orden político es el Partido Revolucionario Institucional. Y el PRI comprende a la partidocracia en su conjunto, incluido el ejército de aspirantes presidenciales (hasta ahora suman más de 30) que han solicitado registro como candidatos “independientes” (agréguesele una treintena de comillas) ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En la oferta que perfilan las elecciones de 2018, figuran dos excepciones a la dictadura delincuencial: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que es una propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

El eje toral de la estrategia del PRI, en las vísperas de la elección federal de 2018, es la atomización del voto opositor. Y, para el PRI, la oposición es básicamente Morena. En relación con el CIG, representado por María de Jesús Patricio Martínez, el PRI no tiene una estrategia de “contención” electoral de gran calado, acaso porque no cuenta con instrumentos efectivos para escamotear esa candidatura y porque, en el frío cálculo de la política llanamente electoralista, el CIG no representa un adversario serio. 

El principal temor del PRI es el ascenso de Morena –que acá hemos dicho que se trata un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista–. Y tiene miedo de Morena por una cuestión de factibilidad: en los conciliábulos del PRI están conscientes de la capacidad de arrastre de Andrés Manuel López Obrador. La maquinaria electoral del PRI ya perdió dos elecciones presidenciales frente a AMLO, y tuvo que acudir al fraude y la compra masiva de votos. 

La fórmula electoral del PRI para 2018 tiene tres pasos: uno, la fragmentación del voto con base en las candidaturas independientes; dos, la compra de voluntades –ciudadanos, políticos, árbitros electorales– con base en la inyección de altísimos volúmenes de dinero ilícito a la campaña; y tres; la desautorización del principal adversario político (Morena) con base en el socorrido estribillo del “populismo”. 

Y, por abajo y a la izquierda de esta grotesca escenificación de la “alternancia democrática”, irrumpe con una fuerza moral incorruptible, la única opción política firmemente alternativa e independiente: el Concejo Indígena de Gobierno, que, por cierto, anunció recientemente que no aceptará financiamiento público del INE, y cuya historia registra fehacientemente la construcción de una opción política por fuera de ese “sistema de partidos” y el “sistema del dinero” que prohíjan las castas que gobiernan el país. 

La candidatura indígena es el “caballo negro” de la elección 2018. Pero en el “deep state” mexicano (PRI) ni siquiera los sospechan.

2. El suicidio de los partidos políticos o el agotamiento de un paradigma político. Reflexión acerca de las contingencias electorales de 2018

viernes, 6 de octubre de 2017

La receta electoral en 2018: fragmentación, financiamiento y fraude

A punto de expirar el plazo para el registro de aspirantes a candidatos independientes para la presidencia de la república, no queda mas que realizar un breve ejercicio de prospectiva sobre los escenarios que configurarán el proceso electoral en 2018. Claramente se pueden observar tres tendencias que sin duda  influirán en los resultados del próximo año  y también en el aceleramiento de la descomposición del sistema político. 

Precisamente con el registro de los suspirantes a las candidaturas independientes se inicia la carrera presidencial. Colocadas en el  tapete electoral desde hace más de una  década por el conocido especialista en enchiladas  fallidas, Jorge  Castañeda y presentadas a la  ciudadanía como la  solución para acabar con el monopolio partidista de las  candidaturas, hoy juegan un  papel inverso al sugerido por  las  buenas conciencias de la política nacional. Mas allá de la pobre oferta política que pueden ofrecer individuos como Pedro Ferriz de Con, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter o el damnificado Miguel Mancera, sus posibilidades de triunfo son  nulas; esto, claro, si logran las firmas necesarias, así como  los recursos necesarios para pagar la campaña. 

Hay que subrayar que la figura de independiente trasciende a las candidaturas fuera de los partidos; estos últimos, en su afán por combatir su enorme desprestigio, también están buscando utilizar dicha figura para presentarse con un nuevo disfraz que los haga potables a los votantes. Véase  por ejemplo al Frente Ciudadano por México, que integra por el momento al PAN, PRD y MC, el cual pretende utilizar la etiqueta para presentar un candidato sin aparente filiación  partidista.  Por su parte, el PRI ha desactivado  los candados que lo  obligaban a seleccionar a un militante probado para la candidatura presidencial, dejando la puerta abierta para la llegada de José Antonio Meade o Aurelio Nuño -comodines con supuesta independencia del partido del presidente pero no de los poderes fácticos y las corporaciones internacionales- lo que los colocaría en una mejor posición para ganar la elección o al menos engañar a los incautos. Sobra decir que las cacareadas candidaturas independientes, ya sean dentro o fuera de los partidos están atadas a los intereses del dinero y mas bien son independientes de la ciudadanía. Su finalidad parece más bien apuntar a la fragmentación del voto opositor al PRI. La reciente elección en el Estado de México, con el esquirol Juan Zepeda en acción, es una clara muestra de lo anterior.

La fragmentación del voto surge así como otra táctica electoral adecuada para hacer ganar a un  partido que a lo largo de las tres últimas décadas ha perdido votos sistemáticamente en en todas las regiones del país. Junto con las alianzas con la chiquillada partidista, como el PVEM, PANAL y demás engendros caciquiles, el  PRI ha podido mantener su presencia electoral y contrarrestar relativamente su debilidad frente al electorado. En este sentido contar con  nueve o  diez candidatos a la presidencia, sean ‘independientes’ o partidistas puede darle el triunfo  al PRI en un escenario en donde la diferencia entre el primero y el segundo sea de menos de tres puntos porcentuales. La fragmentación del voto es en buena medida el motor de las candidaturas independientes, lo que además las coloca en  inmejorable posición para celebrar alianzas de facto con quien les ofrezca puestos y canonjías. Asimismo, la gritería de una decena de candidatos dirigida contra el opositor moreno puede ser muy útil para  distraer al elector y manipularlo a discreción con la ayuda de los medios de comunicación, siempre dispuestos a mentir y difamar sin rubor alguno.

Y si todo lo anterior no fuese suficiente para coronar al candidato de la continuidad, siempre estará a la mano la joya de la corona del sistema político mexicano en su fase electoral: el fraude. Porque al final todo cuenta pero es el fraude la táctica preferida, la que genera  más confianza entre la fauna partidista, la que prácticamente garantiza el triunfo de un partido decrépito y corrupto hasta la médula. El triunfo del PRI en el Estado de  México  demostró sin tapujos que las elecciones se ganan con dinero, limpio  o sucio, lo que trae a cuento la intención del PRI de acabar con el financiamiento público que le daría una ventaja clave al ser el que cuenta con el presupuesto federal y el de los estados que gobierna, así como de cárteles de empresarios, legales e ilegales. Esto sin mencionar su tradición mapacheril, ganada a pulso a los largo de muchos años,  sostenida con cuadros políticos expertos, especializados y probados por generaciones en las no tan sutiles artes de comprar y manipular al elector. El ensayo general realizado en el  estado de México es solo una muestra de lo que seguramente caracterizará al proceso electoral de 2018: la compra de votos, la manipulación de las actas electorales, la quema de urnas o las balaceras intimidatorias. Todo lo anterior con la colaboración, velada o no, de los órganos electorales quienes una y otra vez han demostrado que por encima de su misión de promover los valores democráticos está la de ser el sostén de la impunidad y la simulación en aras de proteger  al régimen y sus beneficiarios, cueste lo que cueste.

En pocas palabras, la escenario electoral se moverá en un contexto de polarización política (Todos contra MORENA) utilizando la fragmentación del voto, los oscuros caminos del financiamiento y el omnipresente y todopoderoso fraude electoral. Lo de menos será la discusión de proyectos e ideas para acabar con la realidad que nos oprime, el diálogo entre   sectores sociales y el sistema político, confirmando así que la solución está en otro lado y no una contienda perversa, costosa y manipuladora. 

viernes, 29 de septiembre de 2017

3 preguntas clave a 36 meses sin los 43

La noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un escuadrón compuesto por elementos de la policía municipal, estatal y federal, y personal de las fuerzas armadas. El saldo del atentado fue de seis muertos, entre ellos tres normalistas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. A tres años (36 meses) de la masacre y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los 130 detenidos (presuntos perpetradores) ha recibido una sentencia condenatoria. El crimen continúa impune. Y el destino final de los 43 es un enigma… O un secreto de Estado. 

1. ¿Dónde están los 43 normalistas? 

La población civil en México desconoce el paradero de los 43 normalistas. De acuerdo con peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría General de la República, hasta ahora sólo se ha confirmado el hallazgo de los restos óseos de un estudiante: Alexander Mora. De los otros normalistas no se tiene ninguna información. 

Desde un principio, el gobierno federal trató de desactivar las líneas de investigación –recomendadas por instancias internacionales– que comprometían a las propias autoridades cívico-militares, e intentó cerrar el caso en varias oportunidades. Y, de hecho, las instituciones de justica en México dieron por resuelto el caso. Si la búsqueda de los normalistas sigue en curso es gracias a los Padres de Familia de los 43 y al Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa que habilitó ex profeso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Este empecinado boicot a la investigación por parte de las autoridades en México apuntala una conjetura generalizada. 

El ex-general mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, asegura que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conocen el paradero de los estudiantes: “Enrique Peña Nieto sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa” (http://bit.ly/2edomXp). 

Don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, comparte la sospecha del exgeneral: “Ellos (el gobierno), son los responsables de la desaparición de los estudiantes […] ellos saben, porque participaron, la Marina, los judiciales, los municipales de Iguala, y que fue por mandato de Enrique Peña Nieto. No tengo miedo a nada, si me van a matar un día aquí me encuentran; yo no ando resguardado como los políticos” (http://bit.ly/2yF0Ad9). 

El padre y activista por los derechos humanos, Alejandro Solalinde (una de las figuras más destacadas de la lucha social en México) refuerza esta hipótesis: “Sin duda alguna, puedo decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto supo y sabe perfectamente bien lo que pasó aquella noche y madrugada con los jóvenes de Ayotzinapa, él sabe y conoce el paradero de los 43 estudiantes” (http://bit.ly/2xJ7T5y). 

Realmente, la única posibilidad de conocer la respuesta a la pregunta de “dónde están” es un eventual rompimiento del pacto de silencio y los cotos de impunidad que sostienen a todo el andamiaje institucional y la estructura de poder en México. 

2. ¿En que situación se encuentra la investigación? 

Existen básicamente dos investigaciones: la oficial y la extraoficial. La oficial es eso que llaman la “verdad histórica” y que no tiene ningún asidero empírico o validez jurídica. La extraoficial está basada en peritajes científicos, visitadurías de organismos internacionales, investigaciones documentales, y trabajos periodísticos de confiabilidad probada. 

La “verdad histórica” –que urdieron el exprocurador general Jesús Murillo Karam, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– es el relato que fabricó el gobierno para ocultar lo que realmente pasó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que esta versión fue construida con base en la siembra de evidencia falsa y confesiones obtenidas mediante tortura. 

De acuerdo con tal versión, que no es sino una “mentira histórica”, la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala entregaron a los 43 normalistas a un grupo de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos –un cártel de la droga presuntamente dirigido por la esposa del exalcalde José Luis Abarca–, quienes los habrían llevado al basurero del municipio de Cocula, donde los calcinarían –a los 43– en una hoguera. El colofón de esta desprolija e inverosímil historia es que los fragmentos de los normalistas fueron depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan; y que, supuestamente, esto explica que los restos desaparecieran sin dejar rastro alguno. 

Con base en investigaciones difundidas por instancias que no responden al comando del gobierno (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajos enciclopédicos de periodismo de investigación), hoy sabemos que en los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala participaron agentes de la policía estatal y federal (mando único policial), elementos del escuadrón del 27 Batallón de Infantería, jefes militares (capitán José Martínez Crespo; subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa), y el Centro de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo, llamado C4, que es una base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que informa en tiempo real sobre cualquier incidente relativo a la seguridad. Esa noche, todas las oficinas de altos funcionarios en materia de seguridad siguieron con atención la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. 

No obstante, ninguno de los 130 presos acusados de participar en los hechos (por cierto, todos policías municipales y albañiles que arrestaron extrajudicialmente), está condenado por desaparición forzada. Y ningún funcionario de mediano o alto rango está bajo investigación, aun cuando la propia Procuraduría General de República reconoció que agentes de esa dependencia y personal de la Marina recurrieron sistemáticamente al método de la tortura para conseguir declaraciones a modo. 

Por añadidura, los múltiples peritajes científicos que fueron efectuados en la escena del crimen confirman fehacientemente la insostenibilidad de la “verdad histórica”. Sin embargo, una vez instalada por la fuerza del terror y la manipulación, el gobierno no renunciaría jamás a esa versión de los hechos, a pesar de las nutridas pruebas que refutan categóricamente el relato oficialista. 

3. ¿Qué significa el caso de Ayotzinapa para México? 

 Acaso junto con el reciente terremoto, Ayotzinapa es un recordatorio de que México es un país dirigido por una clase gobernante criminalmente omisa o diligente, según el caso en cuestión. La inacción dolosa de la autoridad tras los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, y la acción homicida de esa autoridad en las masacres estudiantiles de 1968 (Tlatelolco) y 2014 (Ayotzinapa), es un indicador lapidario de que la estructura de poder en México, a pesar de las transformaciones y reingenierías, conserva su contenido fundamental: la necropolítica, es decir, la facultad gubernativa de matar y dejar morir. 

Con las reformas estructurales (económicas y de Estado), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconfiguró las formas de dominación, pero dejó intocados los contenidos profundos. Si la Masacre de Tlatelolco es la “fracción singular” que contiene la “imagen de conjunto” del PRI-nacionalista, la Masacre de Iguala y la Desaparición Forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa es la condensación del PRI-neoliberal. 

Ayotzinapa es la suma de todos los males, y acaso la confesión involuntaria de nuestro endémico fracaso nacional. Es el colofón obligado de la fórmula guerra-militarismo-narcotráfico sostenida por décadas como única forma de gobierno. Porque en esa fórmula se incuba la posibilidad de alcanzar el objetivo añorado por las castas dominantes en México: a saber, la opacidad absoluta en el ejercicio del poder. 

Pero Ayotzinapa también es la suma de toda la esperanza; la autoafirmación de nuestras posibilidades de éxito nacional. Omar García, normalista sobreviviente, repara sobre una conquista que apenas ahora comienza a recibir la atención que amerita. Dice él: “[A diferencia de los familiares de otros desaparecidos]… las familias de Ayotzinapa tuvieron suerte de que sus hijos fueran estudiantes de una escuela organizada […] De haber sido familias aisladas, que no hubieran tenido un lugar donde concentrarse, un lugar donde alimentarse, y tener un techo donde dormir, autobuses a disposición que generan los estudiantes, seguramente los habrían destrozado desde el principio, que es lo que han hecho con otras familias. Porque el resto de familias asiladas no tienen la posibilidad de tener un centro, una retaguardia, desde donde organizarse” (http://bit.ly/2wUkOm1). 

Ayotzinapa instala la obligatoriedad de reflexionar exhaustivamente, y de modo totalizador, la realidad política y la historia de nuestro país. 

Alguien en algún lugar escribió: “Vivimos en un régimen barbárico. Ayotzinapa nos despertó”. Y gracias a ese despertar, hoy es posible decir, junto con los Padres de Familia de los 43, algo que hasta hace poco era indecible en el espacio público: “El gobierno es nuestro enemigo. Fue el Estado”.

I. Ayotzinapa o la banalidad de la violencia. La urgencia de pensar la resistencia

II. Las dos agendas en torno a Ayotzinapa: la población civil contra el Estado

III. De por qué el Estado es responsable de los crímenes en Guerrero: una aproximación teórica

IV. ¿Qué significa Ayotzinapa para Guerrero, México y América?

V. Ayotzinapa en Estados Unidos

VI. Impunidad en caso Ayotzinapa: el Estado al servicio del crimen

VII. Ayotzinapa y el fin del narcoestado

VIII. Ayotzinapa: última llamada

IX. A 24 meses sin los 43: Bitácora de la visita de Cristina Bautista a la Argentina